ACCI N P BLICA

La acción pública en la regulación autonómica y
sectorial.

La acción pública en la regulación autonómica y sectorial.
BIB 2014\3037

José Enrique Candela Talavero.
Funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter estatal.

Publicación: Revista Aranzadi Doctrinal num.5/2014 parte Comentario
Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2014.

1 . Introducción
La Constitución se ocupa de laregulación de los usos del suelo en su artículo 47 , a propósito de
la efectividad del derecho a la vivienda y dentro del bloque normativo ambiental formado por sus
artículos 45 a 47, de donde cabe inferir que las diversas competencias concurrentes en la materia
deben contribuir de manera leal a la política de utilización racional de los recursos naturales y
culturales, que son el soporte, objetoy escenario necesario de aquéllas al servicio de la calidad de
vida. Pero además, del nuevo orden competencial instaurado por el bloque de la constitucionalidad,
según ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que a las Comunidades
Autónomas les corresponde diseñar y desarrollar sus propias políticas en materia urbanística. Al
Estado le corresponde a su vez ejercerciertas competencias que inciden sobre la materia, pero
debiendo evitar condicionarla en lo posible. El Tribunal Constitucional ( STC 164/2001 , FJ 4) señaló
que la competencia exclusiva en materia urbanística corresponde a las comunidades autónomas,
aunque ello no obsta para que el Estado pueda incidir en dicha materia, no de forma general (ni
siquiera con la pretensión de que su normativa seaplique como supletoria), sino puntualmente, al
amparo de los títulos competenciales expresos que le otorga el artículo 149.1 de la Constitución (en
adelante, CE) (Dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, núm. 109/2008, de 8 de septiembre).
2 . Reparto competencial del urbanismo
Como punto de partida, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que, a partir de la
Constitución y los estatutosde autonomía, todas las comunidades autónomas han asumido la
competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y urbanismo ( artículo 148.1.3 CE , cuyo
contenido ha sido recogido en todos los estatutos de autonomía), no lo es menos que, a partir de
esas mismas normas, el Estado ha conservado potestades cuyo ejercicio tiene una clara incidencia
sobre la ordenación del territorio. La postura delTribunal Constitucional en la materia quedó
sintetizada en la STC 240/2006 –dictada en un conflicto en defensa de la autonomía local–, en la que
el Tribunal Constitucional señaló que la Administración territorial a la que el constituyente encomendó
la competencia normativa en urbanismo (las Comunidades Autónomas, según el artículo 148.1.3 CE,
pero también el Estado, cuando resulte habilitado alefecto por otros títulos competenciales) está
legitimada para regular de diversas maneras la actividad urbanística y para otorgar en ella a los
entes locales, y singularmente a los municipios, una mayor o menor presencia y participación en los
distintos ámbitos en los cuales tradicionalmente se divide el urbanismo (planeamiento, gestión de los
planes y disciplina), siempre que respete ese núcleomínimo identificable de facultades,
competencias y atribuciones (al menos en el plano de la ejecución o gestión urbanística) que hará
que dichos entes locales sean reconocibles por los ciudadanos como una instancia de toma de
decisiones autónoma e individualizada. Así la competencia autonómica en materia de urbanismo
coexiste con aquellas estatales ( artículo 149.1 CE), cuyo ejercicio puedecondicionar, lícitamente, la
competencia de las comunidades autónomas sobre el mencionado sector material ( STC 61/1997 ).

11 de junio de 2015

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La acción pública en la regulación autonómica y
sectorial.

Por su parte, el profesor Muñoz Machado1se manifiesta respecto a la validez del derecho estatal
determinando que la misma está limitada por las competencias del Estado, de manera...