accion de amparo constitucional
Páginas: 64 (15811 palabras)
Publicado: 14 de octubre de 2013
La Tutela de los Intereses Colectivos y Difusos en Venezuela como medio de protección constitucional
La Tutela de los Intereses Colectivos y Difusos en Venezuela como medio de protección constitucional
Rafael Badell Madrid
Conferencia dictada en "III Encuentro Latinoamericano de Postgrados en Derecho Procesal". Universidad Central de Venezuela. Caracas, 16 de octubre de 2009.
1.Introducción. 2. Acción por Intereses Colectivos y Difusos; 2.1. Concepto, 2.2. Características; a) Medio de impugnación judicial, b) Acción autónoma, c) Orden Público, d) Efecto erga omnes, e) Marcado carácter jurisprudencial, f) Provisorio; 2.3. Objeto; 2.4. Medios Procesales; 2.4.1. Demanda por Intereses Colectivos y Difusos; 2.4.2. Acciones de Amparo. 3. Poder Cautelar.
1. Introducción
Apartir de 1999 y por primera vez en Venezuela, la acción para tutelar la protección de los derechos e intereses colectivos y difusos encuentra consagración constitucional. En efecto, el artículo 26 de la Constitución de 1999 dispone: “toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos”, asícomo “a la tutela efectiva de los mismos”.
En concreto, es en 1999 cuando en Venezuela se constitucionaliza la tutela judicial de toda clase de derechos, no sólo los subjetivos, sino incluso los colectivos y difusos, sumándose de este modo a otros países que se han dado a la tarea de proteger, judicialmente, a aquellos sujetos que sufren lesiones en su esfera jurídica, que no son titulares de underecho subjetivo, pero que están representados por su interés colectivo y difuso. Justamente, la protección de derechos supraindividuales se remonta a la institución de la Equito Court inglesa regida por normas de equidad, y las class actions normadas en la Federal Rules of Civil Procedure de 1938, dictadas en Estados Unidos; por lo que la previsión constitucional venezolana no es una novedad,sino en nuestro sistema.
Aunque tardío es el reconocimiento de la tutela judicial de esos derechos en Venezuela, el artículo 26 de la Constitución no es la única norma de rango constitucional que se refiere a la existencia de un mecanismo de protección especial. El artículo 281 de la Constitución también protege estos intereses con ocasión al funcionamiento de los servicios públicos, habilitandoal Defensor del Pueblo para interponer esta clase de acciones; tan es así que éste tiene legitimación para ejercer cualquier tipo de acción que sea capaz de tutelar los derechos de los pueblos indígenas, así como de cualquier derecho humano, entre los que evidentemente destacan los derechos de tercera generación.
Asimismo, el artículo 129 de la Constitución reconoce a toda persona, individual ocolectivamente considerada, el derecho al ambiente como derecho de tercera generación y, en consecuencia, la habilita para ejercer su defensa.
En consecuencia, de acuerdo a las normas constitucionales y, en particular, la derivada del artículo 26, el derecho o interés colectivo y difuso ya no es un grado de legitimación para acceder al Contencioso Administrativo, que fue la forma tradicionalde interpretación de esa expresión, antes y por el contrario designa un derecho de acción de rango constitucional, a fin de proteger derechos supraindividuales, no susceptibles de fragmentación, por la acción, actuación u omisión de sujetos tanto de Derecho Privado como de Derecho Público.
Sin embargo, aunque es evidente la consagración de un derecho constitucional de acción para tutelar losderechos suprapersonales, tanto la Constitución como las leyes que sobre el particular se dedican a su regulación, omiten fijar el cauce formal mediante el cual se instruirá dicho derecho de acción.
Es pues la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la que como última garante e intérprete de la Constitución, se ha dado a la tarea de hacer efectiva la garantía que nace de la...
La Tutela de los Intereses Colectivos y Difusos en Venezuela como medio de protección constitucional
Rafael Badell Madrid
Conferencia dictada en "III Encuentro Latinoamericano de Postgrados en Derecho Procesal". Universidad Central de Venezuela. Caracas, 16 de octubre de 2009.
1.Introducción. 2. Acción por Intereses Colectivos y Difusos; 2.1. Concepto, 2.2. Características; a) Medio de impugnación judicial, b) Acción autónoma, c) Orden Público, d) Efecto erga omnes, e) Marcado carácter jurisprudencial, f) Provisorio; 2.3. Objeto; 2.4. Medios Procesales; 2.4.1. Demanda por Intereses Colectivos y Difusos; 2.4.2. Acciones de Amparo. 3. Poder Cautelar.
1. Introducción
Apartir de 1999 y por primera vez en Venezuela, la acción para tutelar la protección de los derechos e intereses colectivos y difusos encuentra consagración constitucional. En efecto, el artículo 26 de la Constitución de 1999 dispone: “toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos”, asícomo “a la tutela efectiva de los mismos”.
En concreto, es en 1999 cuando en Venezuela se constitucionaliza la tutela judicial de toda clase de derechos, no sólo los subjetivos, sino incluso los colectivos y difusos, sumándose de este modo a otros países que se han dado a la tarea de proteger, judicialmente, a aquellos sujetos que sufren lesiones en su esfera jurídica, que no son titulares de underecho subjetivo, pero que están representados por su interés colectivo y difuso. Justamente, la protección de derechos supraindividuales se remonta a la institución de la Equito Court inglesa regida por normas de equidad, y las class actions normadas en la Federal Rules of Civil Procedure de 1938, dictadas en Estados Unidos; por lo que la previsión constitucional venezolana no es una novedad,sino en nuestro sistema.
Aunque tardío es el reconocimiento de la tutela judicial de esos derechos en Venezuela, el artículo 26 de la Constitución no es la única norma de rango constitucional que se refiere a la existencia de un mecanismo de protección especial. El artículo 281 de la Constitución también protege estos intereses con ocasión al funcionamiento de los servicios públicos, habilitandoal Defensor del Pueblo para interponer esta clase de acciones; tan es así que éste tiene legitimación para ejercer cualquier tipo de acción que sea capaz de tutelar los derechos de los pueblos indígenas, así como de cualquier derecho humano, entre los que evidentemente destacan los derechos de tercera generación.
Asimismo, el artículo 129 de la Constitución reconoce a toda persona, individual ocolectivamente considerada, el derecho al ambiente como derecho de tercera generación y, en consecuencia, la habilita para ejercer su defensa.
En consecuencia, de acuerdo a las normas constitucionales y, en particular, la derivada del artículo 26, el derecho o interés colectivo y difuso ya no es un grado de legitimación para acceder al Contencioso Administrativo, que fue la forma tradicionalde interpretación de esa expresión, antes y por el contrario designa un derecho de acción de rango constitucional, a fin de proteger derechos supraindividuales, no susceptibles de fragmentación, por la acción, actuación u omisión de sujetos tanto de Derecho Privado como de Derecho Público.
Sin embargo, aunque es evidente la consagración de un derecho constitucional de acción para tutelar losderechos suprapersonales, tanto la Constitución como las leyes que sobre el particular se dedican a su regulación, omiten fijar el cauce formal mediante el cual se instruirá dicho derecho de acción.
Es pues la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la que como última garante e intérprete de la Constitución, se ha dado a la tarea de hacer efectiva la garantía que nace de la...
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