Acciones Populares Y Medio Ambiente

Las acciones populares en defensa del medio ambiente.

Siguiendo los lineamientos de la ley 472 de 1998, cuando se considere presuntamente responsable de los hechos y acciones a alguna entidad territorial o gubernamental, de la violación de los derechos colectivos al ambiente sano y en clara defensa del orden ambiental, se hace necesario que se acuda a esta acción constitucional, tancuestionada por ciertos sectores de la sociedad, pero tan útil para los defensores del orden jurídico.

Es así, que partiendo del fallo de la Corte Constitucional No T-503 de 1994, y acogiendo la definición de moral que en el mismo se hace, ha dado en definir la moralidad administrativa como el conjunto de principios, valores y virtudes fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos, quedeben informar permanentemente las actuaciones del Estado, a través de sus organismos y agentes, con el fin de lograr la convivencia de sus miembros, libre, digna y respetuosa, así como la realización de sus asociados tanto en el plano individual como en su ser o dimensión social.

Lo anterior facilita evidentemente la labor de determinar si cierta conducta dentro de la Administración es o noinmoral y obedece al interés supremo que envuelve el ejercicio de la función pública en cualquier orden: EL INTERÉS GENERAL, pues la actividad del Estado debe ser transparente dado que los asociados han depositado en este ente, en todos sus órdenes, la confianza de que a través suyo los derechos colectivos se encuentran protegidos.

La anterior aparte jurisprudencial marca como lineamiento que elderecho colectivo de la Moralidad Administrativa, asienta su fuente y núcleo en la protección en el manejo transparente de los bienes y dineros públicos.

El Consejo de Estado al respecto, se ha pronunciado diciendo que:
“Son derechos e intereses colectivos los relacionados con el ambiente sano, el equilibrio ecológico, la salud, la seguridad y en general los definidos como tales en laConstitución, las leyes y los tratados de Derecho Internacional celebrado por Colombia, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.” (Subrayado, extra texto)

Ahora bien, existe una norma desueta no solo por el nuevo orden mundial con respecto al medio ambiente, sino por la misma Constitución Nacional, quien al querer de los Constituyentes del 91 implantó como derecho fundamental la guarda delmedio ambiente. Me refiero al parágrafo del artículo 2 de la Resolución Ejecutiva 163-1977, aprobatoria del Acuerdo 024-77 expedida por el extinto INDERENA, que “autorizó” la inundación de una parte del Parque Nacional Paramillo, y con ello, la aparición nefasta para el ecosistema de la llamada REPRESA DE URRA.

Ante la vigencia de esa norma contraria HOY al ordenamiento ConstitucionalColombiano, se pretende nuevamente hacer uso de ella, para la ejecución de la llamada Represa Urrá II o Río Sinú. Mientras se encuentre vigente esa norma, a pesar de la negativa de Min Ambiente para conceder la licencia, se corre el riesgo que algún estamento judicial la aplique por ser vigente.

El Estado planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollosostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, impones las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Es por ello, que la existencia del equilibrio ecológico y el manejo yaprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetables, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio...