Acciones Sociales En El Futuro
Las actuaciones de la Administración para atender a personas con discapacidad, están justificadas y obligadas por la propia Constitución, que establece en su artículo 49, capítulo 3º que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensorialesa los que se prestará la atención especializada que requieran”.
En nuestro sistema penal y penitenciario está recogido el concepto de rehabilitación, concepto que recoge y desarrolla nuestro programa. La Constitución en su artículo 25, 2 establece que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social…”. De acuerdo condicho precepto, la ley orgánica 1/1.979 de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en su artículo 1º dice: “Las Instituciones Penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y deayuda para internos y liberados”.
El Reglamento Penitenciario en su Capítulo VII, regula la participación y colaboración de las organizaciones no gubernamentales y es en relación con su artículo 62 donde podría enmarcase el desarrollo de este programa.
El colectivo objeto de nuestra atención/intervención son personas con discapacidad intelectual reclusas en centros penitenciarios bien comopreventivas o cumpliendo condena y en otras situaciones penales penitenciarias o que en breve plazo van a ser excarcelados. Así mismo se incluyen en el programa aquellas personas que tienen condenas cumplidas o excarceladas. Se trata de una población marginada, en un colectivo ya de por sí desfavorecido, a la que es preciso prestar determinada atención.
A pesar de los avances conseguidos con el nuevoCódigo Penal de 1996 que puso fin a situaciones injustas, en especial el internamiento indefinido que venían padeciendo algunos casos de personas con discapacidad intelectual, la experiencia concreta nos señala que se siguen produciendo estos ingresos (identificados como tales o no) en instituciones o centros penitenciarios.
Por su número y especiales características, este colectivo no suele entraren los programas habituales de las diferentes administraciones autonómicas ni de Instituciones Penitenciarias, por lo que es preciso insistir en los resultados beneficiosos que se derivan para él cuando se actúa a través de programas específicos y, a pesar de la normativa legal vigente, en general en los centros penitenciarios no se desarrollan programas adecuados de rehabilitación, capacitación yreinserción para este colectivo; ni existen equipos de intervención específicos.
Por otra parte, en la mayoría de los gobiernos autonómicos está todavía por estudiar este tipo de población sobre la que, en esos casos antes descritos, es difícil realizar alguna acción positiva, entre otras cosas por desconocimiento de la realidad sobre la que operar. A pesar de la sensibilización que en lasociedad existe sobre este colectivo, los gobiernos autónomos no han abordado un estudio en profundidad y riguroso del mismo, y seguimos sin contar con su implicación en la atención que se ofrece a través de nuestros programas.
Tras más de trece años realizando programas de atención a personas con discapacidad intelectual afectas por el régimen penal penitenciario, esta Confederación constata la plenavigencia de la justificación de la necesidad de este programa, de sus objetivos y acciones principales. Este programa pretende además profundizar en la colaboración con las Administraciones Penitenciarias, tanto la estatal, como las autonómicas. Por parte de Instituciones Penitenciarias se ha producido un paulatino y positivo reconocimiento de la cualificación de las entidades miembros de FEAPS...
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