Acuerdo nacional de seguridad pública en méxico
Jueves, 21 de A gosto de 2 008 | Especial P alacio N acional En el marco de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008, los que suscriben: Poderes Ejecutivos Federal y estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, hemos decidido firmar un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Al hacerlo, reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia. Muchas personas tienen miedo de transitar por las calles y plazas. La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos. El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica debido tanto a la delincuencia común, que agravia cotidianamente a las familias, como al embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras. Superar esta situación no es una tarea fácil ni rápida. Al mismo tiempo, el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, problemas desatendidos a lo largo de décadas. Esto se ha agravado, en muchos casos, debido a la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de algunas autoridades con los criminales. En muchos casos la delincuencia ha dañado el tejido social y ha encontrado cobijo en familias enteras y comunidades. El desafío es indiscutible e inaplazable. Es necesario poner un alto al crimen y a la inseguridad que se han incrementado a lo largo de los años y que minan el desarrollo de las personas y el progreso de nuestra nación. La sociedad exige, con justicia, que sus autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones de seguridad sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional poner fin a la impunidad y a la corrupción y hacer frente de manera decidida al crimen en todas sus expresiones. Por ello, es necesario establecer un acuerdo que incluya la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil. Un acuerdo que reconozca la integralidad de la Estrategia Nacional en materia de seguridad pública y, como ha sido planteada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, que contemple políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia, y análisis legislativo, control de confianza y de comunicación. Para ello se debe partir de las siguientes premisas: 1. La política de seguridad es una política de Estado. 2. La coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, es condición indispensable para garantizar la seguridad pública. 3. Cada uno de los poderes y cada uno de los órdenes de gobierno debe hacer la parte que le corresponde, en el marco de sus atribuciones, para cumplir los compromisos asumidos de acuerdo a las metas y a los tiempos acordados.
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4. El Acuerdo debe sumar de manera fundamental a los ciudadanos, a la sociedad civil y a sus organizaciones más representativas, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas. ...
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