Administración

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRPCIÓN EN CENTROAMÉRICA

TEMA I
ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

I. PANORAMA GENERAL ACTUAL EN TORNO AL TEMA

Posibilidad de acceso a los expedientes administrativos
A fin de tener un acercamiento a la situación actual en El Salvador en lo que a la existencia de regulacionescon relación al acceso que puedan tener los ciudadanos a la actuación de la Administración Pública se refiere, debe comenzarse diciendo que no existe en el país una ley que, con carácter general rija la actuación de los funcionarios que conforman la Administración Pública.
Y así, no existe una Ley que establezca la obligación de la Administración de permitir el acceso de los administrados alos expedientes que recogen las actuaciones administrativas, ni siquiera en los casos en que el particular tiene la calidad de interesado en el procedimiento de que se trate.
La situación anterior permite que, en muchísimos casos, los ciudadanos no puedan enterarse a cabalidad de situaciones de las que puede resultar un acto administrativo que afecte su esfera jurídica, porque se les niegareiteradamente la posibilidad de consultar las actuaciones que al respecto haya documentado la Administración Pública.
La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, determina que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia,[1] puede solicitar a la Administración Pública la remisión del expediente tramitado con relación a los casos discutidos en los juicios.
Sinembargo, el expediente, normalmente es solicitado hasta el final del proceso, a fin de tenerlo a la vista en el momento de dictar sentencia. La Ley no prevé la posibilidad de que el administrado pida a la Sala que solicite a la Administración, la remisión del expediente, antes de interponer su demanda.[2]
La obligación de la Administración Pública, de permitir el conocimiento de sus actuacionespor parte de la ciudadanía, se deriva de una serie de preceptos y principios constitucionales, tales como las que recogen lod derechos de petición y respuesta, audiencia, defensa, y de acceso a la jurisdicción (Arts. 6 Inc. 5°, 18, 1, 2, y 11 CES, entre otros).
En vista de que la legislación secundaria no establece mecanismos encaminados a lograr ese fin, no existe forma de hacer efectivo esederecho, en el caso que la Administración no lo reconozca voluntariamente.
La inexistencia de una Ley de Procedimientos Administrativos, propicia una situación de indefensión para los administrados, con la consecuente dificultad para controlar el apego a la legalidad por parte de los funcionarios públicos. Lo anterior, debido a que existe sólo una gran cantidad de leyes que regulan cada materiaen particular, con multiplicidad de procedimientos, de tipos de recursos, de plazos para interponerlos, etc.

Posiblidad de conocimiento de cualquier tipo de actuaciones de la Administración Pública
No es difícil concluir que, encontrándose en la situación expuesta, el derecho a obtener información por parte de los particulares, con relación a las actuaciones administrativas que, de algunamanera puedan afectar su situación jurídica; la posibilidad de tener a la vista datos o documentos en relación a cualquier actividad de los funcionarios, que no se relacionen con situaciones que afecten directamente a aquéllos, se vuelve prácticamente imposible, pues tampoco existe normativa que configure derecho de los particulares en este sentido.
Se insiste en que no existe regulación legalalguna de ese derecho, ni siquiera en forma embrionaria.
Por el contrario, existen tipificados en el Código Penal, algunos delitos en que pueden incurrir los funcionarios, por permitir el acceso a determinado tipo de información o documentación; situación que, por la no existencia de regulación adecuada del derecho de los particulares a conocer de las actuaciones de los funcionrios públicos,...