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El “modelo económico” en la Constitución
Mientras algunos critican la Constitución de 1991 por demasiado “intervencionista” y “garantista”, otros la tachan de “neoliberal y “privatizadora”. Los constituyentes consideramos en su momento que este es un debate estéril, basado en un supuesto erróneo y superado: que Estado y mercado son necesariamente antagónicos. Por el contrario, amparados en laconcepción moderna de la economía institucional que reconoce la acción dinamizadora de los mercados, pero que enfatiza como el mercado no opera bien sin instituciones fuertes,  nos guiamos por el principio de  “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”. En adición, consideramos que el Estado tiene una función distributiva insoslayable: la de garantizar el acceso de todos losciudadanos a un empleo digno, a la educación, la salud, la protección social y los servicios públicos.
Bajo estos principios, la Carta protege y estimula los derechos a la iniciativa y propiedad privada pero, al mismo tiempo, les impone obligaciones sociales y ecológicas y los sujeta al interés general. De una parte, la Carta exige que “El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruyao se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional ” y  establece la libre competencia económica como un derecho colectivo que permite a cualquier ciudadano interponer acciones populares contra cualquier actuación oficial o privada que limite la concurrencia en el mercado, en detrimento de otrosproductores o del consumidor.
Pero, de otra parte, permite que la Ley delimite “el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”  Por esta razón, otorgo protección absoluta a “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo y el patrimonio arqueológicode la Nación”.Al amparo de esta norma Colombia ha restituido una parte considerable de su territorio a la propiedad comunal de grupos indigenas y mantiene hoy una vasta red de parques naturales para la proteccion de la biodiversidad. Y, en forma más general, la Carta doto al Estado de amplios poderes de intervención “en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en laproducción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados” “con el fin de “conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”.


Los servicios Públicos
Este sano balance entre iniciativa privada e interés general tuvo undesarrollo de particular importancia con respecto a los servicios públicos. La Carta estableció un marco que garantiza el derecho a la participación de la empresa privada y la comunidad organizada en la prestación de estos servicios, pero mantiene en el Estado la obligación de regular y supervisar su prestación para “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.  Paraestos fines exigió al Congreso que estableciera un régimen legal para los servicios públicos domiciliarios, hasta entonces inexistente, y creo la Superintendencia de Servicios Públicos, con el derecho sancionar e intervenir las empresas prestadoras, de capital privado u oficial, que incumplieran sus obligaciones para con los usuarios. Desarrollando estos mandatos el Congreso expidió en 1993 y1994 las Leyes de Servicios Públicos, Electricidad y Telecomunicaciones, que crearon las Comisiones Autónomas de Regulación, promovieron la competencia en la prestación de estos servicios y organizaron un sistema de subsidios cruzados que hiciera posible simultáneamente la viabilidad financiera del servicio y el acceso a grupos de ingresos bajos. Al amparo de estas normas el país logro un aumento...