Administrador
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL
Profesor:
DR. NESTOR SANCHEZ B.
Derecho Procesal Administrativo
UNIVERSIDAD LIBRE
INSTITUTO DE POSGRADOS DE DERECHO
BOGOTA D.C.
MARZO DE 2013
ANALISIS SENTENCIA C-426 DE 2002 COMPARADO CON EL ART. 137 DEL CPCAPA
PROBLEMA JURIDICOPROPUESTO:
¿El alcance normativo reconocido por la jurisprudencia el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en el sentido de condicionar la procedencia de la acción de simple nulidad contra los actos de contenido particular, a los casos en que la ley lo consagre expresamente o cuando éstos representen interés para la comunidad, resultacontrario a las garantías constitucionales?
ANALISIS JURIDICO Y FACTICO:
Félix Francisco Hoyos Lemus, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad o la exequibilidad condicionada del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, tal y como fue subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304de 1989, a saber:
Artículo 84. Subrogado D.E. 2304 de 1989, art. 14. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que debería fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o enforma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia o defensa, o mediante falsa motivación con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y servicio.”
La Corte, mediante auto de veinte (20) de noviembre de 2001, proferido por elDespacho del magistrado Sustanciador, admitió la demanda, ordenó las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes.
Dispuso fijar en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte Constitucional para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación quien rindió el concepto de su competencia.
Considera eldemandante que la norma demandada vulnera los artículos 2, 29 y 229, de la Constitución Política.
El demandante manifiesta que la inconstitucionalidad de la norma, se origina en la interpretación que el Consejo de Estado ha hecho de su texto, “en cuanto impide que un acto particular y concreto pueda ser atacado mediante la acción de simple nulidad si la eventual sentencia de nulidad restablece elderecho del actor o el acto no tiene trascendencia social”.
Sostiene el demandante que dicha tesis es conocida como la doctrina de los “móviles y finalidades”.
Se manifieste que sobre dicha tesis las Secciones Primera y Tercera del Consejo de Estado han tenido agudas controversias y disímiles posiciones, que si bien nunca hicieron peligrar la existencia de tal doctrina, sí buscaban determinar cuálde las dos secciones la hacía más radical.
Sostiene que de acuerdo con la tesis de la Sección Primera, la acción de simple nulidad “procede contra actos generales y abstractos y sólo contra aquellos actos particulares y concretos para los cuales el legislador haya asignado expresamente esta acción (actos electorales, cartas de naturaleza, nulidad de marcas, etc.)”.
Para la Sección Primera “ellegislador, en su sabiduría, había identificado los 5 o 6 casos de actos particulares y concretos posibles de la acción de simple nulidad, por la trascendencia social que tiene su demanda y la solución que sobre la misma recaiga”.
Sostiene el demandante, que, por fuera de tales casos, la formulación de una demanda de simple nulidad contra actos de contenido particular y concreto, traía como...
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