Administrativo. Caso Practico,

Seminario 1. Derecho Administrativo.

Antecedentes
En 1981, la Corporación local del Ayuntamiento de Marcelada le concede a Don Ernesto F. de B. el título honorífico de historiador oficial de Marcelada. A partir de 2006, Don Ernesto comienza a impartir una serie de cursos para mayores en la Universidad en la cual tenía la cátedra de Historia Contemporánea.
No obstante, el 11 de noviembre de2012, dicho Ayuntamiento, reunido en pleno extraordinario, decide declarar a D. Ernesto “persona indeseable” en el municipio.
Esta decisión era consecuencia de una disputa que había enfrentado a la Corporación con D. Ernesto en los últimos meses, ya que Don Ernesto había promovido que a partir de 2013 los cursos fueran impartidos en otro municipio.
El 29 de noviembre de 2012, Ernesto interponerecurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona (arts. 114 y ss. LJCA). En él, argumenta que el Acuerdo municipal vulneraba el derecho al honor de don Ernesto, las garantías procesales del art. 24.2 CE, y el principio de legalidad del artículo 25.1 CE.
En contestacióna la demanda, el letrado del Ayuntamiento de Marceleda argumenta que la declaración de don Ernesto como persona indeseable está amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión del Ayuntamiento. Por otro lado, alega que esa declaración no es sanción administrativa.

Comentario
I. En el supuesto de hecho se mencionan una serie de cuestiones que es preciso resolver.
En primerlugar, se plantea un problema de regulación procesal de la tutela de los derechos fundamentales ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
En segundo lugar, nos referiremos a la titularidad de los derechos fundamentales por las Administraciones públicas.

Y por último, se hará especial mención a los límites a la actividad sancionadora de la Administración, junto con la determinación desus características.

Tras la identificación de los problemas, se dará solución al caso práctico.

II. En lo que concierne a la regulación procesal de la tutela de los derechos fundamentales es necesario cuestionarse si Don Ernesto estaba legitimado para tramitarlo o si lo ha tramitado en el plazo establecido.
Para ello, es preciso acudir a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de laJurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los artículos 114 y ss. de dicha ley establecen este procedimiento especial, por el cual Don Ernesto, titular del derecho lesionado (derecho al honor) y legitimado para formular el recurso (art. 114), dispone de un plazo de 10 días para interponer el recurso (art. 115). Días, que se computarán desde el día siguiente al de notificación del acto.

Así pues,Ernesto no cumple con uno de los requisitos, ya que no se ha ajustado al plazo marcado por la ley, puesto que el acuerdo del Ayuntamiento es del 11 de Noviembre de 2011, y el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto el 29 de noviembre de 2011. Así pues, Ernesto ha superado el plazo de 10 días, por lo que se desestimaría el recurso.

III. En cuanto a las cuestiones materiales delcaso, es preciso hacer referencia a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

D. Ernesto considera que se ha lesionado su honor, es decir, su fama, aprecio social, o buen nombre. El TC ha reiterado que el derecho al honor depende de “las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento” (STC185/1989 de 13 de Noviembre), aceptando lo expresado por el legislador en la exposición de motivos de la LO 1/1982, de 5 de mayo (“Se estima razonable admitir que en lo no previsto por ellas [las leyes] la esfera del Honor [...] esté determinada de manera decisiva por las ideas que prevalezcan en cada momento en la Sociedad y por el propio concepto que cada persona según sus actos propios...