ADMINISTRATIVO
Páginas: 15 (3722 palabras)
Publicado: 17 de julio de 2013
POTESTADES DISCRECIONALES
El concepto de Potestad Discrecional es uno de los más controvertidos y estudiados en el Dº Administrativo.
En cuanto a su concepto legal ha de acudirse a la Ley Jurídico Contenciosa Administrativa (=LJCA) de 1956, en dónde se dice que la discrecionalidad de la Administración surge cuando el ordenamiento jurídico, atribuye a algún órgano administrativo,competencia para apreciar en un supuesto dado lo que sea de interés público, de interés general. Por tanto, existirá discrecionalidad siempre que el legislador haya otorgado a la Administración un margen de decisión que no este determinado por la norma. Así, por ejemplo, la Ley de Costas recoge un caso de discrecionalidad al señalar que la Administración podrá reservarse determinadas parcelas de dominiomarítimo terrestre para el cumplimiento de los fines propios de su competencia.
En el caso de las potestades regladas, la norma lleva a cabo la regulación exhaustiva de todos sus elementos, como en la jubilación de un funcionario. Por el contrario, en las potestades discrecionales se deja un ámbito de libertad a la Administración que se manifiesta, habitualmente, mediante la utilización delverbo “podrá”. Por ejemplo, en la Ley de Costas se establece que “la Administración podrá reservarse determinadas parcelas del dominio público marítimo terrestre”.
Lo que ocurre es que se deja a la Administración determinar el modo de ejercicio concreto de la potestad discrecional, atendiendo a lo que aconseje el interés general.
Según la doctrina, la Potestad Discrecionalidad es la posibilidadde optar entre soluciones distintas, diferentes pero todas de interés general, y la consiguiente libertad de elegir entre las distintas actuaciones administrativas.
Por su parte, García de Enterría dice, que entre una pluralidad de soluciones justas, el ejercicio de la Potestad Discrecional permite optar por una de ellas conforme a Derecho.
En definitiva, lo fundamental de las PotestadesDiscrecionales es que atienda al interés general. Su objetivo es satisfacer el interés general, que es el bien jurídico por cuya tutela se concede la Potestad Discrecional a la Administración.
El hecho de que se confieran a la Administración Potestades Discrecionales no significa que los actos que se dictan en el ejercicio de dichas potestades discrecionales sean actos políticos, los cuales,pueden definirse, como aquellos emitidos por el Gobierno en su función de dirección política y, por tanto, dictados en su condición de órganos de Gobierno y no como Administración Pública. Los Actos Políticos no pueden ser controlados ante la jurisdicción contencioso administrativa, salvo en la Protección de Derechos Fundamentales, en sus elementos reglados y en la determinación de las indemnizacionesque fuesen procedentes.
La doctrina del acto político surge con la Ley de Santamaría de Paredes y pervive hasta la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998; son actos que no pueden ser revisables por la Jurisdicción Contencioso Administrativa porque se ejecutan en ejercicio de soberanía.
Según García de Enterría, en un Estado de Derecho el acto político no tiene cabida,porque los poderes políticos están sometidos al principio de legalidad. Así se deduce de los artículos 9.1 y 103.2 de la Constitución . Por ello, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998, no excluye los actos políticos del Gobierno del control jurisdiccional.
La mayor polémica es el control judicial de los actos discrecionales, porque se considera que podría dar lugar a que losórganos jurisdiccionales suplantasen a la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa, cuando es la Administración la única que puede decidir libremente como ejercitar dicha potestad.
La mayor polémica respecto de los Actos Discrecionales, es la de su Control Judicial. Quienes están en contra, arguyen, en definitiva, que su control supondría un suplantación de la función...
El concepto de Potestad Discrecional es uno de los más controvertidos y estudiados en el Dº Administrativo.
En cuanto a su concepto legal ha de acudirse a la Ley Jurídico Contenciosa Administrativa (=LJCA) de 1956, en dónde se dice que la discrecionalidad de la Administración surge cuando el ordenamiento jurídico, atribuye a algún órgano administrativo,competencia para apreciar en un supuesto dado lo que sea de interés público, de interés general. Por tanto, existirá discrecionalidad siempre que el legislador haya otorgado a la Administración un margen de decisión que no este determinado por la norma. Así, por ejemplo, la Ley de Costas recoge un caso de discrecionalidad al señalar que la Administración podrá reservarse determinadas parcelas de dominiomarítimo terrestre para el cumplimiento de los fines propios de su competencia.
En el caso de las potestades regladas, la norma lleva a cabo la regulación exhaustiva de todos sus elementos, como en la jubilación de un funcionario. Por el contrario, en las potestades discrecionales se deja un ámbito de libertad a la Administración que se manifiesta, habitualmente, mediante la utilización delverbo “podrá”. Por ejemplo, en la Ley de Costas se establece que “la Administración podrá reservarse determinadas parcelas del dominio público marítimo terrestre”.
Lo que ocurre es que se deja a la Administración determinar el modo de ejercicio concreto de la potestad discrecional, atendiendo a lo que aconseje el interés general.
Según la doctrina, la Potestad Discrecionalidad es la posibilidadde optar entre soluciones distintas, diferentes pero todas de interés general, y la consiguiente libertad de elegir entre las distintas actuaciones administrativas.
Por su parte, García de Enterría dice, que entre una pluralidad de soluciones justas, el ejercicio de la Potestad Discrecional permite optar por una de ellas conforme a Derecho.
En definitiva, lo fundamental de las PotestadesDiscrecionales es que atienda al interés general. Su objetivo es satisfacer el interés general, que es el bien jurídico por cuya tutela se concede la Potestad Discrecional a la Administración.
El hecho de que se confieran a la Administración Potestades Discrecionales no significa que los actos que se dictan en el ejercicio de dichas potestades discrecionales sean actos políticos, los cuales,pueden definirse, como aquellos emitidos por el Gobierno en su función de dirección política y, por tanto, dictados en su condición de órganos de Gobierno y no como Administración Pública. Los Actos Políticos no pueden ser controlados ante la jurisdicción contencioso administrativa, salvo en la Protección de Derechos Fundamentales, en sus elementos reglados y en la determinación de las indemnizacionesque fuesen procedentes.
La doctrina del acto político surge con la Ley de Santamaría de Paredes y pervive hasta la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998; son actos que no pueden ser revisables por la Jurisdicción Contencioso Administrativa porque se ejecutan en ejercicio de soberanía.
Según García de Enterría, en un Estado de Derecho el acto político no tiene cabida,porque los poderes políticos están sometidos al principio de legalidad. Así se deduce de los artículos 9.1 y 103.2 de la Constitución . Por ello, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998, no excluye los actos políticos del Gobierno del control jurisdiccional.
La mayor polémica es el control judicial de los actos discrecionales, porque se considera que podría dar lugar a que losórganos jurisdiccionales suplantasen a la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa, cuando es la Administración la única que puede decidir libremente como ejercitar dicha potestad.
La mayor polémica respecto de los Actos Discrecionales, es la de su Control Judicial. Quienes están en contra, arguyen, en definitiva, que su control supondría un suplantación de la función...
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