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En cuanto a la pregunta por qué es necesario un Estatuto Básico del Empleado Público son varias las razones que apunta el Informe de la Comisión de expertos sobre el tema publicado en 2005. Vale la pena ahora recordar algunas de ellas:

1º Frente a la heterogeneidad creciente del empleo público, la legislación vigente es demasiado uniforme.

El colectivo de los empleados públicos que existeen el país es muy heterogéneo. La heterogeneidad deriva en gran medida de la diversidad de funciones que tienen encomendadas las Administraciones Públicas en la actualidad –funciones clásicas de soberanía y otras que implican ejercicio de autoridad, prestación de servicios públicos de muy distinta naturaleza, gestión de infraestructuras y bienes públicos, regulación y fomento de la economía,protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, etc.-, y de la división de tareas y responsabilidades en el seno de cada Administración. Esta pluralidad impide, como es lógico, establecer unas reglas jurídicas uniformes para todo el personal.

No sólo eso, sino que no es posible tampoco encorsetar el conjunto de las relaciones de empleo público en un molde legal único y detallado, pues ellosupondría introducir elementos de rigidez que repercutirían negativamente en la organización y en la prestación de los servicios.

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La legislación general vigente en materia de función pública, elaborada en momentos históricos muy diferentes al nuestro (1964 y 1984), adolece, sin embargo, de un exceso de uniformidad. En parte por esta misma razón, se ha producido paulatinamente unaproliferación de regímenes o estatutos especiales para determinados grupos de empleados públicos.

Ciertamente, algunos de ellos están justificados por la especialidad funcional, como los regímenes propios del personal estatutario de los servicios de salud o del personal docente e investigador, y otros inclusive vienen impuestos por previsiones constitucionales específicas, como las que atañen a losmiembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a los Jueces, Magistrados y Fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia o al personal de las Cortes Generales.

Pero en otros casos, la dispersión legislativa es manifestación directa del deseo de huir de las rigideces de la legislación básica común de la función pública, cada vez menos compatibles con lasnecesidades de una gestión ágil y flexible de los recursos humanos en las Administraciones Públicas.

2. La uniformidad y rigidez del régimen jurídico de la función pública ha provocado su sustitución parcial por el derecho laboral y la consolidación de un modelo dual de empleo público

La consecuencia más relevante de esta situación ha sido y sigue siendo la exclusión de un porcentajecreciente de empleados públicos del estatuto de los funcionarios públicos y su sometimiento, aún con sensibles peculiaridades, al derecho laboral.

Aunque esta tendencia a la laboralización o “privatización” de las relaciones de empleo público, que no es exclusiva de nuestro país, puede haber tenido también otras causas más estratégicas, se explica ante y sobre 2

todo por la conveniencia, sentidapor Administraciones o en áreas muy diferentes de la gestión pública, de eludir el rigor de las normas que regulan la función pública, sobre todo en aspectos relativos al acceso al empleo público, a la carrera profesional, a la asignación de tareas, a la movilidad y al régimen de retribuciones.

Se trata, además, de una tendencia tan extendida que no sólo alcanza a los empleados públicos que sededican a la prestación de servicios públicos, económicos, sociales o culturales -empleados que, sociológicamente hablando, realizan tareas semejantes a las que podrían prestarse o se prestan por las empresas privadas-, sino también a otros que tienen asignadas funciones típicamente administrativas de regulación y control, como sucede con el personal de algunas de las entidades o autoridades...