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3.4 Procedimiento sancionador

4.1. Significado y regulación.

1) Las acciones administrativas han de imponerse, a través de un procedimiento, igualmente administrativo. La configuración de este no es una cuestión secundaria, sino que posee importancia esencial: el diseño de procedimiento administrativo sancionador es igualmente capital, debiendo cumplir una doble función: de una parte,funcionalidad para la correcta determinación de los hechos y de las circunstancias personales del inculpado; y, de otra, la prestación a este de las garantías de defensa, doblemente necesarias en el ejercicio de una actividad, como la sancionadora, cuya capacidad de incidencia y lesión en la persona y patrimonio de los ciudadanos es muy superior a la del resto de las actividades que la Administracióndesarrolla.

2) La regulación normativa del procedimiento es, bastante criticable. Los redactores de la LRJAP, querían que la misma no debía regular procedimientos completos y acabados, si no sólo sus principios o reglas básicas, se limitaron a establecer sus a en sus artículos 134 a 138 un conjunto de normas fragmentarias y de considerable laxitud, que no merecen la denominación deprocedimiento, remitiendo su regulación detallada a las normas sectoriales que, para cada caso, pudieran dictar el estado las CCAA en el ámbito de sus competencias.

Este desafortunado criterio es contrario a los más elementales imperativos constitucionales:

a) de una parte, el artículo 149.1.18. CE atribuye al estado la competencia de regulación del procedimiento administrativo común, para garantizar alos ciudadanos un trato uniforme ante las Administraciones Públicas; es una materia en la que la igualdad de trato es imprescindible en lo que afecta al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.

b) de otra, esta remisión, al no ir acompañada de una reserva de ley, supone una potencial deslegalización de la materia del procedimiento;

3) Esta deslegalización comenzó aconsumarse con el desarrollo o de los preceptos citados de la LRJAP a través del real decreto 1398 /1993, del 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora , en el que se establece de forma completa el procedimiento que sin duda debió regular la LRJAP; ya que a dicho reglamento se autoatribuye valor meramente supletorio de los que seregulen en las normas sectoriales que dicten no ya el Estado , las CCAA sino incluso las entidades locales.

4) En la imposibilidad de describir los centenares de variantes que las distintas normas sancionadoras establecen en materia de procedimiento, hemos de limitarnos a describir sus rasgos generales, en dos planos: -- de un lado, en el de los principios constitucionales que deben quedarsalvaguardados en la regulación de dicho procedimiento; y,
-de otro, la exposición del procedimiento, que diseña el reglamento del procedimiento sancionador.

4.2 Los principios constitucionales del procedimiento.

La regulación del procedimiento sancionador debe ajustarse, a los principios de garantía establecidos en el artículo 24.2 CE; unos derechos de defensa establecidos originariamenterespecto del proceso penal, pero que el Tribunal Constitucional ha declarado aplicables al procedimiento administrativo sancionador. Estos derechos de defensa han de completarse, con dos reglas de carácter estructural extraídas de dicha norma constitucional , a la que debemos aludir con carácter previo.

1. Las reglas estructurales

a) La necesidad inexcusable de procedimiento

La primerade dichas reglas estructurales consiste en, la absoluta imprescindibilidad del procedimiento: ninguna sanción administrativa puede imponerse sin la previa tramitación del procedimiento legalmente establecido.

Esta elemental norma, con la que pretende excluirse la secular práctica de las sanciones de plano se deduce de los artículos 24.2 y 105. c) CE , fue programada de modo explícito por el...