ADMON PUBLICA

Los contratos Estatales son definidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, como todo acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes sea una entidad pública, cuya descripción o tipificación se encuentre en las normas civiles, comerciales, especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo. La misma norma determina cualesson entidades públicas, enumerándolas, de la siguiente forma: La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que elEstado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la FiscalíaGeneral de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorguecapacidad para celebrar contratos.
Están exceptuadas de la aplicación del Estatuto General de Contratación las entidades que en virtud de normas constitucionales o legales cuentan con régimen de contratación propio, en este categoría se incluyen los Entes Autónomos Universitarios (Art. 69 C.P. y ley 30 de 1992), el Banco de la República (Ley 31 de 1992), las Empresas Sociales del Estado (Ley 100 de1993), las Empresas oficiales o estatales de servicios públicos (Ley 42 de 1994). No obstante lo anterior, la Ley 1150 de 2007 determinó que a dichas entidades les son aplicables los principios que rigen la contratación pública contenidos en la Ley 80 de 1993. 
La Ley 80 de 1993 estableció un nuevo modelo de contratación pública, en primer lugar término al denominar de manera genérica comocontratos estatales los contratos que celebra la administración pública, esta categoría es importante en la medida en que se puso fin a la distinción entre contratos administrativos y de derecho privado de la administración, diferencia que se fundaba en la inclusión dentro del contrato de la cláusula de caducidad, la cual a su vez determinaba que se trataba de un contrato administrativo. Así las cosas,antes de la expedición de la Ley 80 de 1993, las controversias contractuales surgidas en los contratos privados de la administración eran dirimidos por la jurisdicción civil y los contratos administrativos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Como pilar del Estatuto Contractual están los fines que se persiguen con la contratación estatal, que se determinan así: “las entidades buscanel cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados”
Derivado de los fines, se fijan los principios bajo los cuales se debe desarrollar la contratación pública, por lo cual se procede a analizarlos. En primer término y dado que se trata de un Estatuto que rige la contrataciónpública, se deben aplicar los principios constitucionales de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
Los tipos de contratos que pueden celebrar las entidades públicas en el marco del estatuto contractual estarían regidos por dos ejes, de acuerdo con los principios y directrices impartidos en ese cuerpo normativo, el primero de ellos son...