Adolfo Hiitler

TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO I.
OBJETO, ÁMBITO Y DEFINICIÓN DE VÍCTIMA.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente ley, dentro de un marco de justiciatransicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.
ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE LA LEY. La presente ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de lasvíctimas de que trata el artículo 3o de la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía.
Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos ycostumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la presente ley.
ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o deviolaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
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¿A quiénes cubre la Ley de Justicia y Paz?
Actualmente los beneficios se dan sobre la aceptación de crímenes cometidos justo antes de la fecha de promulgación de la ley, por parte de miembros de grupos al margen de laley, en el ámbito de un proceso de paz. Precisamente para ampliar el tiempo del beneficio, durante la segunda administración de Álvaro Uribe Vélez, en abril de 2009, su Gobierno radicó un proyecto que permitía que los miembros de grupos alzados en armas pudieran acogerse a los beneficios de la Ley 975 del 25 de julio 2005. Pero la iniciativa sólo tuvo un debate y murió al interior de congreso.Según Frank Pearl, comisionado de paz durante el segundo periodo de Uribe, inicialmente se pensó que para el 25 de julio de 2005 las negociaciones iban a estar finalizadas, pero no fue así. Entre esa fecha y el año siguiente se desmovilizaron 25 mil paramilitares y 25 de los 37 frentes desmovilizados. “En un primer momento no hubo ninguna dificultad –explica Pearl- porque la interpretación jurídicaera que la Ley de Justicia y Paz cubría los delitos que las personas hubiesen cometido hasta el día de su desmovilización, y esa interpretación estuvo vigente como por dos años”. No obstante, la Corte Suprema de Justicia emitió jurisprudencias donde recalcaba lo que indicaba el artículo 72 de la Ley de Justicia y Paz: “se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia yrige a partir de la fecha de su promulgación (25 de julio de 2005)”

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Críticas
Durante su redacción y trámite, el proyecto de ley fue criticado por grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas, entre otras organizaciones. Sus críticos consideraron que podía ser demasiado generoso al ofrecer penas de 5 a 8 años por delitos graves, aplicables aaquellos delitos que los mismos desmovilizados confiesen o que el Estado pueda probar posteriormente. También se ha criticado el que en un principio fuese relativamente limitado el período de tiempo para las investigaciones o procesos de delación que ayuden a generar el material probatorio. Las Naciones Unidas, mediante su vocero Michael Frühling, han criticado el que la realización de una...