ADRIAN ARDILA
Páginas: 40 (9866 palabras)
Publicado: 10 de enero de 2014
UN ACERCAMIENTO AL ESTADO DE LA CUESTION
La legitimación de la responsabilidad penal en los entes colectivos y la idea de introducir una forma de imputación propia para éstos, constituye uno de los temas centrales de la política criminal de comienzos del siglo XXI y un tabú para la doctrina penal colombiana. Lo anterior, obedece a los constantes cambios que ha experimentado la sociedadcontemporánea como consecuencia del proceso de globalización1 e industrialización, manifestado, entre otros, en la creación de grandes empresas, que por su enorme poder lucrativo penetran círculos sociales y políticos, trayendo consigo desarrollo y progreso, pero a su vez, constituyéndose en organizaciones potencialmente capaces de transgredir bienes jurídicos colectivos o supraindividuales2. Así, antela aparición de estos sujetos sociales complejos, como forma de control de su actividad, se demanda una respuesta igualmente compleja por parte de la dogmática jurídico-penal. Siguiendo esta estela, algunos países de la Unión Europea tomando como base la legislación de los Estados Unidos, han abandonado el viejo principio de la dogmática penal societas delinquere non potest, que pareciera asíperder paulatinamente su vigencia en la historia del derecho penal mundial.
El principal obstáculo con el cual se han encontrado los doctrinantes a la hora de fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es construir un sistema de imputación y un cuadro de sanciones, orientado a las consecuencias de política criminal que se pretendan alcanzar con la adopción de este tipo deresponsabilidad; y además, derribar con argumentos sólidos la fuerte muralla trazada por el principio debatido, que se fundamenta entre otras bases, en i) en la incapacidad de acción de los órganos corporativos (no hay capacidad de conducta en la persona jurídica), ii) en la imposibilidad de imponerle penas a dichos órganos, entendidas como una consecuencia jurídica de la trasgresión alordenamiento penal, si bien carecen de la facultad de sentir pesadumbre ante la imposición de una pena3, iii) en las dificultades que se plantea la atribución de responsabilidad de los infractores, a la hora de establecer autores y partícipes (codelincuencia)4, y, iv) la ausencia de culpabilidad en los actos evacuados por las personas jurídicas, ya que “la personalidad y la capacidad de derecho sefundamentan sobre elementos bio-psicológicos de la actividad individual de la voluntad, de donde solo el hombre puede considerarse verdadero sujeto de derechos, pues solo él reúne en si dichos elementos”5, como lo manifestara el tratadista italiano VICENZO MANZINI.
Como contrapunto, esencialmente, cuatro argumentos avalan la implementación de la responsabilidad para las personas jurídicas: El primero,de marcado carácter etiológico, es la propia existencia de una organización generadora por sí sola de factores criminógenos, que incrementan las posibilidades de un comportamiento colectivo desviado; el segundo, radica en que el hecho de facultar la imposición de sanciones a la persona jurídica es necesario, para que socios y directivos despierten, tomen en consideración la prevención de hechosdelictivos y compartan con mandos medios, ejecutivos, técnicos y trabajadores, los riesgos y perjuicios derivados de la imposición de una sanción penal; incrementar la eficacia del proceso penal y la responsabilidad de la persona individual es, por paradójico que parezca, el tercero de los objetivos principales de la responsabilidad de personas jurídicas; ninguna sociedad estructurada sobre basessólidas puede desconocer la responsabilidad individual, constituyendo un grave error pensar que la instauración de la responsabilidad colectiva, viene a suplantar o sustituir la individual6.
El cuarto motivo, que considero de mayor relevancia a la hora de fundamentar la legitimación de la responsabilidad penal de los entes colectivos, y al cual en principio se aludiera; se ve reflejado en las...
La legitimación de la responsabilidad penal en los entes colectivos y la idea de introducir una forma de imputación propia para éstos, constituye uno de los temas centrales de la política criminal de comienzos del siglo XXI y un tabú para la doctrina penal colombiana. Lo anterior, obedece a los constantes cambios que ha experimentado la sociedadcontemporánea como consecuencia del proceso de globalización1 e industrialización, manifestado, entre otros, en la creación de grandes empresas, que por su enorme poder lucrativo penetran círculos sociales y políticos, trayendo consigo desarrollo y progreso, pero a su vez, constituyéndose en organizaciones potencialmente capaces de transgredir bienes jurídicos colectivos o supraindividuales2. Así, antela aparición de estos sujetos sociales complejos, como forma de control de su actividad, se demanda una respuesta igualmente compleja por parte de la dogmática jurídico-penal. Siguiendo esta estela, algunos países de la Unión Europea tomando como base la legislación de los Estados Unidos, han abandonado el viejo principio de la dogmática penal societas delinquere non potest, que pareciera asíperder paulatinamente su vigencia en la historia del derecho penal mundial.
El principal obstáculo con el cual se han encontrado los doctrinantes a la hora de fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es construir un sistema de imputación y un cuadro de sanciones, orientado a las consecuencias de política criminal que se pretendan alcanzar con la adopción de este tipo deresponsabilidad; y además, derribar con argumentos sólidos la fuerte muralla trazada por el principio debatido, que se fundamenta entre otras bases, en i) en la incapacidad de acción de los órganos corporativos (no hay capacidad de conducta en la persona jurídica), ii) en la imposibilidad de imponerle penas a dichos órganos, entendidas como una consecuencia jurídica de la trasgresión alordenamiento penal, si bien carecen de la facultad de sentir pesadumbre ante la imposición de una pena3, iii) en las dificultades que se plantea la atribución de responsabilidad de los infractores, a la hora de establecer autores y partícipes (codelincuencia)4, y, iv) la ausencia de culpabilidad en los actos evacuados por las personas jurídicas, ya que “la personalidad y la capacidad de derecho sefundamentan sobre elementos bio-psicológicos de la actividad individual de la voluntad, de donde solo el hombre puede considerarse verdadero sujeto de derechos, pues solo él reúne en si dichos elementos”5, como lo manifestara el tratadista italiano VICENZO MANZINI.
Como contrapunto, esencialmente, cuatro argumentos avalan la implementación de la responsabilidad para las personas jurídicas: El primero,de marcado carácter etiológico, es la propia existencia de una organización generadora por sí sola de factores criminógenos, que incrementan las posibilidades de un comportamiento colectivo desviado; el segundo, radica en que el hecho de facultar la imposición de sanciones a la persona jurídica es necesario, para que socios y directivos despierten, tomen en consideración la prevención de hechosdelictivos y compartan con mandos medios, ejecutivos, técnicos y trabajadores, los riesgos y perjuicios derivados de la imposición de una sanción penal; incrementar la eficacia del proceso penal y la responsabilidad de la persona individual es, por paradójico que parezca, el tercero de los objetivos principales de la responsabilidad de personas jurídicas; ninguna sociedad estructurada sobre basessólidas puede desconocer la responsabilidad individual, constituyendo un grave error pensar que la instauración de la responsabilidad colectiva, viene a suplantar o sustituir la individual6.
El cuarto motivo, que considero de mayor relevancia a la hora de fundamentar la legitimación de la responsabilidad penal de los entes colectivos, y al cual en principio se aludiera; se ve reflejado en las...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.