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ILEGALIDAD DE LOS REGLAMENTOS.
Hemos visto ya que los Reglamentos deben observar una serie de límites, materiales y formales, de cuyo respeto depende su validez. Hemos visto también que estos límites no se reducen sólo a la Constitución y a la Ley, sino que comprenden igualmente los principios generales del Derecho y otras exigencias institucionales derivadas del carácter esencialmentesubalterno de la potestad reglamentaria. Si cualquiera de estos límites, legales o extralegales, es rebasado, el Reglamento en cuestión resultará viciado. En este sentido amplio es, pues, como hay que tomar la expresión habitual y no en el más estricto de Reglamentos contrarios a la Ley.
A continuación examinaremos qué consecuencias trae consigo la infracción por un Reglamento de cualesquiera de loslímites expuestos y cuáles son los medios que el ordenamiento jurídico en vigor arbitra para depurar los Reglamentos que por esta razón resultan viciados.
La Sanción de nulidad de pleno derecho.
El art. 62.2 LPC establece para los Reglamentos ilegales la sanción de nulidad de pleno derecho, la más grave de las que conoce dicho ordenamiento. Ofrece dos tipos básicos de sanciones: la nulidad simple(relativa o mera anulabilidad) y nulidad absoluta (radical o de plano derecho).
La primera de ellas, que es la regla en el ámbito del Derecho Administrativo, exige una reacción del particular afectado por el acto viciado, una reacción consistente en la interposición del correspondiente recurso dentro de un plazo preclusivo concretamente establecido por la Ley, pasado el cual sin que la reacciónse produzca se entiende producido el consentimiento del afectado, el Derecho se desinteresa del vicio cometido y el acto o norma viciados pasan a ser firmes e inatacables igual que si nunca hubieran estado afectados de vicio alguno. La simple anulabilidad está establecida por la Ley en interés de los particulares, a quienes se proporciona un medio de hacerla valer. Si este medio no se utiliza entiempo y forma, el principio de seguridad jurídica pasa a primer plano y, como no hay en juego un interés trascendente al de los meros particulares, el ordenamiento se pronuncia a favor de las relaciones ya establecidas, suprimiendo para siempre, a partir de un breve plazo de pendencia, la situación inicial de inseguridad que todo vicio crea.
El régimen de nulidad absoluta o de pleno derecho esradicalmente diferente. La declaración de nulidad no está sometida a plazo alguno ni requiere petición alguna del inmediatamente afectado por el acto o la norma viciados. Puede declararse en cualquier momento, a instancia de parte, o, incluso, de oficio por la propia Administración o por los Tribunales. El consentimiento del afectado no añade ni quita nada, es perfectamente intrascendente. El simpletranscurso del tiempo tampoco sana el acto o la norma viciados, que sigan siendo absolutamente nulos como en el momento en que fueron dictados. Por otra parte, la nulidad de pleno derecho produce efectos en cadena y se comunica a los actos y normas subsiguientes de forma automática. Se trata, en efecto, de vicios que trascienden al puro interés de los particulares y que afectan el interés detodos, al orden general, al orden público.
Pues bien, la nulidad de los Reglamentos ilegales es, según nuestro ordenamiento en vigor, una nulidad de esta clase, absoluta, radical o de pleno derecho. Esto tiene una justificación perfectamente clara. Basta pensar que si la ilegalidad de un Reglamento determinase una mera anulabilidad, de forma que sólo pudiese ser hecha valer a través de la impugnacióndentro de un plazo breve por la persona a personas inmediatamente afectadas por el mismo, quedaría al arbitrio de éstas todo el sistema de producción normativa y se habría introducido una nueva causa de derogación de las Leyes formales (la derogación producida por un simple Reglamento cuando transcurriesen los plazos de impugnación sin formular ésta).
En todo el problema de los Reglamentos...