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LEY DE JUSTICIA Y PAZ
La Ley de Justicia y Paz -Ley 975 de 2005- surge como un complemento jurídico a la Ley 782 de 2002 para los casos en que las conductas delictivas cometidas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al grupo, no queden cobijadas por ésta. Es decir, que aplica cuando no sea posible conceder el indulto, lacesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, por estar éstos vinculados en investigaciones o procesos relacionados con actos atroces, de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidios, homicidios cometidos fuera de combate, o colocando a la víctima en estado de indefensión.
Este marco jurídico pretendía dar respuesta satisfactoria auna pregunta central: ¿cómo desmovilizar a los miembros de los grupos armados que son culpables de este tipo de delitos? Para responder a esta pregunta se construyó un marco jurídico que tiene su base en la Ley de Justicia y Paz. Ésta, a su vez, se estructura con base en dos objetivos formales, que impactan al resto del marco jurídico desarrollado con posterioridad a su expedición.
El primero,facilitar los procesos de paz y de reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley;
el segundo, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
En su texto, la Ley intenta conciliar los intereses de todas las partes involucradas en el proceso: regula bajo un procedimiento especial la investigación, la sanción penal y elotorgamiento de beneficios judiciales a los desmovilizados que resulten condenados por delitos atroces (otorgamiento de una pena alternativa, no mayor a 8 años) y por otro lado, busca incluir los elementos de la justicia transicional protegiendo los derechos de las víctimas
COLOMBIA PROCESOS EN CONSTRUCCIÓN
En el caso Colombiano, el proceso de construcción de la legislación aplicable a los miembros delos grupos armados desmovilizados ha tenido hasta el momento cinco momentos importantes.
El primero en el año 2003, cuando el Gobierno presenta el primer proyecto de Ley llamado de alternatividad penal, proyecto que fue rechazado local e internacionalmente por excluir abiertamente los derechos de las víctimas y favorecer de manera desproporcionada a los desmovilizados.
Luego en el año 2005,con la promulgación de la Ley de Justicia y Paz y de su primer decreto reglamentario.
Un tercer momento se da entre mayo y julio de 2006, cuando la Corte Constitucional resuelve varias demandas en contra del contenido de la Ley y le hace modificaciones sustanciales a la luz de los principios de justicia transicional.
De agosto a septiembre de 2006 viene un cuarto momento en el que el Gobiernoexpidió una segunda reglamentación de la Ley después de la intervención constitucional.
Finalmente el quinto momento se desarrolla actualmente, con la aplicación e implementación de dicho marco normativo que sin duda crecerá en cantidad y complejidad.
Esta última fase de implementación de este marco jurídico es, sin duda, una de las más importantes y complejas. No basta con reconocer formalmenteen las normas la importancia de los principios de justicia transicional, la participación de las víctimas o garantizar el estricto cumplimiento de las condiciones previas y posteriores de la pena alternativa. Es necesario desarrollar un sistema institucional a partir del cual los operadores de las normas puedan orientar el proceso en concordancia con dichos principios.
En términos generales elproceso previsto en la Ley 975 puede resumirse de la siguiente manera. Para acogerse a los beneficios de la ley los miembros de estos grupos deben cumplir un conjunto de requisitos, que pueden clasificarse en tres grupos:
unos requisitos de elegibilidad para ser considerados como futuros beneficiarios;
unas condiciones dentro del proceso mismo; y
unos compromisos después de cumplirse la...