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ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA
OMISIÓN DE ANÁLISIS DE LOS QUE PLANTEAN LA INDEBIDA
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD
DEMANDADA, ES UN VICIO FORMAL QUE JUSTIFICA LA CONCESIÓN DEL
AMPARO, AL AFECTAR LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO Y TRASCENDER AL
RESULTADO DEL FALLO.-La obligación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa de analizar losalegatos en el juicio contencioso administrativo que
plantean la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad
demandada, encuentra sustento expreso en el artículo 47 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que debe realizarse aunque
esos planteamientos no estén dirigidos a demostrar que las pruebas desahogadas
confirman un mejor derecho del actor quelas de la contraparte, atento a que
conforme al IV.2o.A.3 A (10a.)tercer párrafo del artículo 51 de la referida ley, el
estudio de la competencia es un presupuesto procesal de orden público y de
examen oficioso, máxime cuando lo proponga el actor. Por tanto, la omisión de la
Sala Fiscal de pronunciarse sobre el tópico mencionado es un vicio formal que
justifica la concesión del amparo, alafectar las defensas del quejoso y trascender
al resultado del fallo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.
IV.2o. A.3 A (10a.)
Amparo directo 204/2011. T-Bay Golf, S.A. de C.V. 1o. de diciembre de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez.
Secretaria: María del Socorro Zapata Barrera.

AMPARO DIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. LAEXCEPCIÓN A LA
REGLA GENERAL PARA SU IMPUGNACIÓN, CONSISTENTE EN LA
EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN CONCRETO DE LA DISPOSICIÓN
NORMATIVA QUE SE TILDA DE INCONSTITUCIONAL, SE ACTUALIZA
CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE ADUCE LA
CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo,
de la Ley de Amparo yen la jurisprudencia de la Suprema Corte, la regla general
para la impugnación en amparo directo de disposiciones normativas generales
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requiere de un acto de aplicación concreto. Sin embargo, la excepción a dicha
regla general se actualiza cuando en los conceptos de violación se alega la
transgresión al principio de igualdad o equidad tributaria por parte de una
disposiciónnormativa que no se aplicó y que se estima otorga un trato preferencial
que no se tiene. Ello es así, pues ese solo hecho -supuesta desigualdad- es
suficiente para que se proceda al análisis constitucional de la disposición que se
impugna, en razón de que ese hipotético trato preferencial o benéfico concedido a
un determinado grupo de sujetos excluyendo a otro, por sí mismo es susceptible
de causarperjuicio a todo el universo de sujetos que no puedan ser beneficiarios
de aquél, lo que implica, por una parte, que ostentan interés jurídico para
combatirlo y, por otra, que en atención al trato benéfico que se reclama, es
jurídicamente factible hacer valer la violación a los referidos principios (parámetro
de medición para evidenciar posibles tratos desiguales), pues se impugnaprecisamente ese trato dispensado, el cual no se aplica a todos los destinatarios
de la norma ni, por ende, se tiene acceso al mismo, dados los términos de la
configuración personal de quien invoca dicho tratamiento preferencial, aduciendo
su exclusión, toda vez que el análisis que sobre el particular se efectúe resulta
ineludible para el juzgador constitucional, a fin de determinar que el diseño de ladisposición normativa que otorga ese trato no sea el motivo para insertar una
desigualdad que no se encuentre debida, objetiva y razonablemente justificada. En
consecuencia, cuando se alega la violación a los principios de mérito, no es
necesario que se aplique el precepto legal que se impugna de inconstitucional
para que sea posible combatirlo, dado que la causa de pedir del argumento...