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MANUAL
DE PROCEDIMIENTO
DE LA
CONTRATACIÓN
ESTATAL
Javier Miguel Gámez Vizcaíno

Primera reimpresión junio 2002
Segunda edición 2001
Primera edición 1999
© Javier Miguel Gámez Vizcaíno
© Legis Editores S.A.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro,
por cualquier proceso reprográfico o fónico, por fotocopia, microfilme,
offset o mimeógrafo, sin previaautorización del Autor.
Editor Jurídico: José Vicente Barreto R.
Diseño y Diagramación: Ricardo Rojas Zamudio
Coordinador de Edición: Luis Arturo Lara O.
Impresión: LEGIS S.A.

ISBN: 958-653-283-6
Impreso en Colombia

PRESENTACIÓN
El silencio es,
después de la palabra,
la segunda potencia de este mundo.
Lacordaire

Es una realidad incuestionable, reconocida por la legislación, lajurisprudencia y la doctrina, que la Administración Pública, para la realización
de los fines del Estado, no sólo adquiere los bienes y servicios necesarios
mediante la técnica de los actos administrativos, sino que cada vez con mayor
frecuencia, interviene en el tráfico jurídico a través de la institución contractual
(Véase. Escobar Gil. Teoría General de los Contrato de los Administración
Pública,Legis , 1999, p. 30 y ss.).
Sin embargo, el tema de los contratos administrativos es la materia que más
polémica ha suscitado en el derecho y en la práctica. El criterio jurídico que se
adopte será determinante para comprender las demás instituciones
relacionadas, tales como los derechos reales administrativos, la
responsabilidad patrimonial de Estado, el acto administrativo o la función
públicamisma, entre otros. En la práctica, múltiples son las controversias y no
pocos los perjuicios que se han ocasionado cuando no se tiene claro que la
finalidad de los contratos estatales no puede ser otra que la de constituirse en
un instrumento al servicio del interés público. Como bien sostiene la Corte
Constitucional, “el estudio de la contratación estatal debe inscribirse en losprincipios axiológicos del Estado Social de Derecho, que irradian todas las
disposiciones contractuales previstas en la Constitución” (C. Const. Sent. C449, jul. 9/92).
En los contratos de la Administración Pública una de las partes es un sujeto
privilegiado revestido de ciertas prerrogativas que el derecho le otorga para la
realización del interés público, lo que conlleva que este contrato tengacaracterísticas propias y específicas, de ahí la existencia de una normatividad
especial para regular determinados aspectos de los contratos estatales. En
este sentido, la Ley 80 de 1993 desarrolla no sólo los nuevos principios
constitucionales, sino que pretende corregir las falencias del antiguo Decreto
222, reglamentario de la materia.
Debemos, sin embargo, reconocer como hecho irrefutableque la práctica
contractual, por su multiplicidad de forma s y variables resulta imposible de enmarcar
en disposiciones únicas, por lo que la ley estableció una serie de principios
rectores que buscan encuadrar muchos eventos, presentes y futuros con lo
cual lo cambiante de la contratación se encasillaría en las normas positivas sin
necesidad de cambios legislativos frente a nuevos fenómenos.(Cfr. Luis
Guillermo Dávila, Régimen Jurídico de los Contratos Estatales, Legis, 2001,
p. 15 y ss.).
Estos principios, según la Ley 80 son el de transparencia o publicidad que
busca hacer posible la controversia; el de la responsabilidad que compromete
al servidor público y a su patrimonio en el manejo de sus obligaciones, y el de
economía o celeridad, que pretende evitar los trámitesinnecesarios en la
escogencia del contratista o en la celebración y ejecución del contrato.
Es en este sentido que nuestra casa editorial se complace en presentar la
segunda edición de este manual del doctor Javier Miguel Gámez Vizcaíno,
obra que comprende todas las etapas del proceso contractual, desde la previa
hasta la poscontractual, con un gran número de minutas y modelos para utilizar
y...