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Amnistía Internacional

PERÚ
Las leyes de amnistía consolidan la impunidad para las violaciones de derechos humanos

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA
PERÚ
Las leyes de amnistía consolidan la impunidad para las violaciones de derechos humanos
Una constante de violaciones generalizadas ysistemáticas de los derechos humanos lleva azotando el Perú durante más de un decenio. Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad se producen en el contexto de extensos abusos perpetrados por los grupos clandestinos alzados en armas, el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso, PCP) y, en menor grado, por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El PCP y elMRTA iniciaron sus campañas armadas en 1980 y 1984, respectivamente.
Desde 1981, el núcleo de la estrategia de contrainsurgencia de las autoridades ha consistido en declarar el estado de excepción en extensas zonas del país. Durante los dos primeros años, cuando era la Policía Nacional del Perú la que tenía el cometido de combatir a los grupos alzados en armas, Amnistía Internacional sólo recibíainformes de tortura y malos tratos infligidos por la policía. Sin embargo, a principios de 1983, con la transferencia de las operaciones de contrainsurgencia de la policía a las fuerzas armadas, Amnistía Internacional empezó a recibir centenares de denuncias de «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales en las zonas en estado de excepción; los responsables de estos atropellos eran losmilitares. Entre enero de 1983 y diciembre de 1992, Amnistía Internacional documentó en el Perú por lo menos 4.200 casos de «desaparecidos» tras su detención por las fuerzas de seguridad. Las fuerzas del Estado mataron a millares más por medio de ejecuciones extrajudiciales; entre ellas figuraban las más de quinientas personas que murieron en 19 matanzas distintas. Desde principios de 1993 se han reducidonotablemente las «desapariciones» y las ejecuciones extrajudiciales. No obstante, Amnistía Internacional sigue recibiendo información sobre el extenso y frecuente recurso de las fuerzas de seguridad peruanas a la tortura y a los malos tratos de los detenidos.[1]
A lo largo de todos estos años, Amnistía Internacional ha sentido honda preocupación ante la inacción de cuatro gobiernos sucesivos ala hora de adoptar las medidas necesarias para investigar pronta y efectivamente la inmensa mayoría de esas violaciones de derechos humanos y para enjuiciar a los responsables.[2]
La impunidad, que alimenta el círculo vicioso de la violencia en el que quedan sin castigo las violaciones de derechos humanos, se institucionalizó en el Perú hace más de un decenio. Al decir del relator especial de lasNaciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el informe de su visita al Perú en 1993: «la institucionalización de la impunidad en el Perú [es uno de] los principales problemas en relación con [la falta de respeto por] el derecho a la vida».
A mediados de 1995, las autoridades peruanas dieron un paso adelante en esta «institucionalización de la impunidad»garantizando su inclusión en el ordenamiento jurídico. El 14 de junio de 1995, el Congreso aprobó la Ley 26.479, cuyo artículo primero otorgaba una amnistía general a todos aquellos miembros de las fuerzas de seguridad y a todos aquellos civiles que se encontrasen denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y el 15 de juniode 1995.[3]
Amnistía Internacional cree que, con independencia de sus efectos universales, la ley de amnistía se concibió, en parte, como respuesta a una investigación en curso sobre la matanza de Barrios Altos, ocurrida en noviembre de 1991 y en la cual murieron 15 hombres, mujeres y niños, según informes a manos de un «escuadrón de la muerte» vinculado al Servicio de Inteligencia Nacional...