amparo indirecto de nulidad de notificaciones

La reforma a la Carta Magna de junio del 2011 y el rediseño constitucional del juicio de amparo son sin lugar a dudas dos de los cambios más importantes que ha experimentado el derecho mexicano. Su yuxtaposición permite aseverar que ha surgido un nuevo paradigma jurídico, similar en su significado intrínseco, visión estratégica y consecuencias históricas a la inserción de las garantías socialesen la Constitución de 1917.
Por virtud de la primera, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte gozan ya de rango constitucional, razón por la cual todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar la dignidad humana, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,indivisibilidad y progresividad.
El nuevo canon conceptual se complementa armónicamente con el binomio que conforman el deber de interpretar las normas humanitarias privilegiando el principio pro homine y el imperativo de desaplicar oficiosamente aquellos preceptos que resulten contrarios a los derechos humanos, conocido también como control de convencionalidad ex officio.
 Las implicaciones de tal cambioconstitucional son verdaderamente insospechadas, al punto de que a través suyo sería posible superar lashernias estranguladas que mantienen entrampado el avance del proceso democrático. Por ejemplo, en el marco del control de convencionalidad ex officio, el Poder Judicial de la Federación está plenamente facultado para desaplicar la declaración interpretativa que fue anexada al instrumento deadhesión de México a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, en la cual se basó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para desestimar la acción penal deducida en contra de los responsables del Halconazo del 10 de junio de 1971. Esto es porque se trata de una disposición que impide el ejercicio de los derechos humanos a la verdad y ala tutela judicial efectiva que asisten a las víctimas y sus familiares de los horrendos crímenes de Estado cometidos durante las décadas de los años sesenta, setenta y noventa.
Va ahora un segundo botón de muestra: en el Convenio 169 de la OIT, tratado internacional del que somos alta parte contratante, se hallan plasmados los derechos humanos de los pueblos indígenas, prerrogativas coincidentesen su letra y espíritu con el contenido de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Así pues, gracias a la reforma en cita, hoy en día no existe obstáculo alguno que impida al gobierno federal honrar la palabra comprometida ante la comandancia del EZLN y promover la incorporación a la Constitución General de la República de lo expresamente pactado con el grupo insurgente en materia de derechos ycultura indígena.
Por otro lado, con la nueva configuración del juicio de amparo se ha dado cumplimiento a a los artículos 4, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se previene que los Estados deben contar con un recurso procesal adecuado y efectivo para la protección de los derechos fundamentales ante cualquier acción u omisión gubernamental, aún si se tratare de unacto que no sea unilateral, imperativo y coercitivo.
Ello quiere decir que se ha quebrado en mil pedazos el anquilosado y sumamente restrictivo modelo de acceso a la justicia constitucional, según el cual solamente los actos de autoridad strictu sensu, aquellos actos derivados de una relación de suprasubordinación, pueden ser objeto de la revisión judicial extraordinaria. Conforme al diseño vigente,los actos derivados de una relación horizontal o de coordinación que vulneren derechos humanos son también susceptibles de impugnación por vía del juicio de amparo; hipótesis aplicable a muchas esferas del poder público, especialmente a las decisiones de índole no laboral que adoptan las universidades investidas de autonomía constitucional.
Si se le extrae todo su maravilloso potencial, el...