Amparo C

PRIMERA PARTE. JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD POLÍTICA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES TESIS I Para que los derechos económicos, sociales y culturales existan como derechos plenos –superando los postulados programáticos– deben ser judiciables, es decir que ante su vulneración, los sujetos individuales o colectivos deben poder –tanto en términos judiciales como fácticos–presentar demandas ante los tribunales con el objeto de su restitución. El reconocimiento de los derechos sociales como derechos plenos no se alcanzará hasta superar las barreras que impiden su adecuada justiciabilidad, entendida como la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento al menos de algunas de las obligaciones que se derivan del derecho. De modo que, aunque unEstado cumpla habitualmente con la satisfacción de determinadas necesidades o intereses tutelados por un derecho social, no puede afirmarse que los beneficiados por la conducta estatal gozan de ese derecho como derecho subjetivo, hasta tanto verificar si la población se encuentra en realidad en condiciones de demandar judicialmente la prestación del Estado ante un eventual incumplimiento (Abramovichy Courtis, 2009, p. 10). De manera que un derecho se define como tal sólo cuando existen instancias y procedimientos jurídicos que permitan al titular reclamar por el incumplimiento de la obligación debida –el recurso a la protección judicial– y obtener el dictado de una sentencia que imponga la restitución del derecho afectado. Sustento de la Tesis I en el Sistema Universal de Protección de losDerechos Humanos El artículo 2 del PIDESC resulta especialmente importante porque plantea el tipo de obligaciones jurídicas contraídas por los Estados Partes, determinando la interacción de todas las demás disposiciones del Pacto con este artículo. Examinaremos en particular el inciso 1: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado comomediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos (PIDESC, art. 2.1). 04 CUADERNO JUSTICIABILIDAD, EXIGIBILIDAD POLITICA DE LOSDERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. EL CASO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 9 Dada su relevancia, iremos desglosando este inciso para tratar cada uno de los aspectos que involucra. Adoptar medidas legislativas por todos los medios apropiados Esta enunciación fue desarrollada y precisada en la Observación General N° 9 “La aplicación interna del Pacto”, dictada por el Comité DESC en el año 2008.6 Elartículo 2 de esta Observación establece que “las normas del Pacto han de ser reconocidas en el ordenamiento jurídico interno” y que “las personas individuales o los grupos agraviados han de disponer de medios adecuados de reparación, o de recurso, y se han de establecer mecanismos adecuados para garantizar la responsabilidad de los gobiernos”. Más allá del carácter jurídicamente vinculante de lasnormas internacionales sobre derechos humanos, el Comité aconseja “incorporar sus disposiciones a la legislación interna” a fin de evitar “los problemas que podrían derivarse de la traducción de las obligaciones del tratado” y permitir “a los interesados invocar directamente los derechos reconocidos en el Pacto ante los tribunales nacionales.” Si bien la adecuación de la legislación interna puedeproducirse mediante el otorgamiento de rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, o bien complementando o enmendando la legislación vigente, el Comité se inclina a favor de esta última (OGN°9, art. 8). La amplitud y flexibilidad del planteamiento original se fundamentaba en la necesidad de tener en cuenta las particularidades del sistema legal y administrativo de...