amparo

nuestra opinión, la salvedad aludida no debió haberse instituido legalmente para excluir en ella la conducta delictiva del quejoso al afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en su demandade amparo, pues son precisamente los juicios de garantías sobre materia penal, como los que conciernen a los actos previstos en el citado artículo 17, en los que más se abusa de nuestra institución decontrol y en los que, por mayoría de razón, se surte la motivación que determinó el régimen de responsabilidad consignado en el artículo 211 de la Ley de Amparo.

La fracción 11 de este preceptonos parece un tanto inútil, ya que reproduce la tipicidad •de los delitos previstos en los artículos 247, fracción 11, y 246 fracción
VII, del Código Penal, reiterando la sanción privativa de lalibertad que comprende un lapso de seis meses a tres años y aumentando únicamente la sanción pecuniaria de cincuenta a quinientos pesos como mínimo y de mil a dos mil pesos como máximo. La citada fraccióndel artículo 211 de la Ley de Amparo establece:
"Se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de quinientos a dos mil pesos al quejoso o tercero perjudicado en un juicio deamparo, que presente testigos o documentos falsos."

En este caso, la estimación de la falsedad de las declaraciones testimoniales o de los documentos presentados en un juicio de amparo, no compete alórgano de control, sino al juez penal que corresponda, previo el ejercicio de la acción respectiva por el Ministerio Público. Sin embargo, como advertimos en otra ocasión el juzgador de amparo estáfacultado para apreciar la veracidad o falsedad de un testimonio o de un documento público o privado, pero solo para el efecto de otorgar o negar la protección federal al quejoso o para sobreseer el juiciode garantías, es decir, en relación únicamente con el objetivo procesal de éste, de acuerdo con las reglas de valorización probatoria contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, como...