análisis de caso petro

Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pierde una batalla legal pero sigue en su cargo
Miércoles, 26 de febrero de 2014
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, perdió este martes una nueva batalla legal en sus esfuerzos por evitar ser destituido del cargo, luego de que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia -el Consejo de Estado- rechazara una primera ponencia favorable a unrecurso de tutela introducido por el burgomaestre.
La apelación intenta revertir una resolución emitida el 9 de diciembre pasado por la Procuraduría General de la República, la que además de ordenar la salida del cargo de Petro lo inhabilita para cargos públicos por un periodo de 15 años por supuestas ilegalidades en la reforma del sistema de recolección de basuras de la capital colombiana.
Elalcalde, sin embargo, permanecerá en su puesto mientras el Consejo de Estado no decida sobre el fondo de este y otros recursos, favorables a Petro, y hasta que el órgano rector del poder judicial en Colombia -el Consejo Superior de la Judicatura- no se pronuncie sobre el caso.
Numerosos expertos también creen que la decisión final quedará en manos de la Corte Constitucional, el máximo tribunal delpaís, la que podría tomar meses.
Petro, un ex guerrillero que se desmovilizó en la década de 1990 y es una de las principales figura de la izquierda colombiana, sostiene que la decisión de la Procuraduría responde a razones políticas y equivale a un golpe de Estado.
Y el futuro del alcalde de Bogotá todavía podría ser decidido en un referendo revocatorio convocado para próximo 6 de abril, si esque para entonces la batalla legal no ha terminado.














El laberinto jurídico de Gustavo Petro
Sábado, 18 de enero del 2014

El panorama del alcalde es una telaraña de caminos que incluyen al presidente Juan Manuel Santos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los jueces de tribunales y juzgados colombianos.
Desde hace 40 días, por cuenta de ladestitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la ciudad está inmersa en un limbo jurídico que nadie sabe en qué va a terminar. De la noche a la mañana, más allá de las concentraciones de apoyo al mandatario o de los comentarios políticos en favor del procurador Alejandro Ordóñez, sin proponérselo los ciudadanos asisten diariamente a un curso intensivo de derecho, en medio de un laberinto de normas,recursos, instancias o demandas, típico en este país de abogados.
El pasado 9 de diciembre la Procuraduría destituyó a Gustavo Petro y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. De inmediato se puso en marcha la llamada “tutelatón”, una maratónica jornada de seguidores del alcalde para recaudar firmas de apoyo a su causa e interponer el mayor número de tutelas en juzgados y tribunales,argumentando violación a los derechos políticos del burgomaestre y de sus electores. En pocos días la cantidad de recursos llegó a casi mil reclamos judiciales.
Mientras la “tutelatón” producía sus efectos, la defensa de Petro optó por dos caminos. Primero, el alcalde viajó a Washington para refrendar su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares en defensade sus garantías individuales y, de paso, para que el organismo diga si un funcionario administrativo puede sacar de su cargo a uno electo por el pueblo. En Bogotá, sus abogados recusaron al procurador con el mismo argumento esgrimido en Washington: una supuesta persecución ideológica.
Aunque el rifirrafe entre la Procuraduría y Petro quedó en primer plano, de tiempo atrás se venía configurandootro escenario jurídico: el intento de revocatoria del mandato del alcalde. Liderado por el representante Miguel Gómez, este mecanismo tuvo como antecedente la recolección de firmas y el aval de la Registraduría. La fecha de convocatoria a las urnas para revocar o ratificar a Petro en su cargo quedó para el 2 de marzo. Sin embargo, quedó sujeta a que la Procuraduría no confirmara antes la...