ANÁLISIS DEL PLENO JURISDICCIONAL

ANÁLISIS DEL PLENO JURISDICCIONAL, CASO LEY DE PROTECCIÓN DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
Antecedentes.-
El presente pleno se da a partir del Expediente 0011-2013-PI/TC, a través del cual el Colegio de Abogados de Lima Norte interpone acción inconstitucional, contra el Art 2 de la ley 29947 por violar los art 58 y 59 de la Constitución.
"Artículo 2. Los institutos, escuelas superiores, universidades yescuelas de posgrado públicos y privados no pueden condicionar ni impedir la asistencia a clases, la evaluación de los alumnos, ni la atención de los reclamos formulados, al pago de las pensiones en el ciclo lectivo en curso. En este último caso, las instituciones educativas pueden retener los certificados correspondientes al periodo no pagado, siempre que se haya informado adecuadamente de esto alos usuarios al momento de la matrícula y procedan a la matricula del ciclo siguiente previa cancelación de su deuda. La tasa de interés para las moras sobre pensiones no pagadas no podrá superar la tasa de interés interbancario dispuesta por el Banco Central de Reserva del Perú. De igual manera no se podrá condicionar la rendición de evaluaciones del ciclo lectivo en curso a los alumnos queestén desempeñándose como deportistas calificados de alto nivel ala asistencia presencial a clases que colisionen con las horas de entrenamiento y/o con los eventos deportivos en los que participan, debiendo para ello encontrarse acreditados por el Instituto Peruano del Deporte. De ser el caso, se debe reprogTamar las fechas de evaluación de los mismos".

Dicha disposición violaría la libre iniciativaprivada y la libertad de empresa, y se sustentaría en una interpretación indebida de los alcances del derecho a la educación.
Asimismo, la norma impugnada incentiva en los alumnos una ‘cultura de la irresponsabilidad’. El artículo objetado no toma en cuenta que en todas las universidades e institutos superiores existe una deserción de estudiantes del 15% a 20% durante los primeros ciclos, los que,evidentemente, no retornarán a reclamar sus certificados, ni mucho menos a pagar sus pensiones.
Por otro lado, la parte contraria alega que no existe una vulneración del artículo 58 de la Constitución, toda vez que la iniciativa privada debe ejercerse en armonía con la “Economía social de mercado”, por lo que el Estado tiene el deber constitucional de fomentar el desarrollo social y asegurar elbienestar de los usuarios. El artículo cuestionado no contraviene la libertad de empresa, pues la limitación prevista es razonable y temporal, ya que no implica la omisión del pago, sino que éste queda pendiente para el siguiente período académico; así las cosas, la medida persigue un fin constitucionalmente legítimo (derecho a permanecer en la universidad libre de limitaciones arbitrarias) ycumple con las características de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Fundamentos.-
1. Postura del TC respecto a la supuesta vulneración de la iniciativa privada, el Tribunal ha enfatizado que esta libertad económica no puede entenderse desvinculada del marco o modelo de Constitución económica que contiene la Ley Fundamental, sino como conformante de ella y, en particular, de la directriz quecontiene el artículo 58 de la Constitución, según la cual la iniciativa privada se ejerce en una Economía Social de Mercado y que bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Se trata de una medida que, al regular la actuación de estas entidades educativas consus usuarios, solo tiene la capacidad de incidir en la libertad de fijar la auto-organización del centro de educación superior libremente creado. Pero esta última es una potestad que no se encuentra dentro del programa normativo de la libre iniciativa privada y, por tanto, está fuera del ámbito de intervención de la disposición cuestionada. Este Tribunal concluye entonces que carece de...