Análisis jurídico sobre la reelección presidencial en nicaragua

El Proceso de Control Constitucional ejercido por la Corte Suprema de Justicia sobre la reelección Presidencial y de Alcaldes en Nicaragua.

El 16 de octubre de 2009 el Consejo Supremo Electoral dictó resolución sobre una solicitud que introdujo el Lic. Eduardo Mejía, apoderado especial del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y de 109 Alcaldes y sus respectivos Vicealcaldes,que esencialmente radicaba sobre dos puntos:

a) 1. Aplicación del principio constitucional de igualdad incondicional de todo ciudadano,
2. No aplicación del Principio de interdicción electoral para el Presidente de la República y los Alcaldes y Vicealcaldes solicitantes.

El escrito alegaba la existencia de una antinomia jurídica dentro la misma norma constitucional, o sea unacontradicción entre los principios fundamentales de la nación establecidos en el texto original de la Constitución Política de 1987 y las reformas de 1995, específicamente con los artículos 147 y 178 Cn., que restringieron varios derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos que ejercen los cargos de Presidente de la República, Alcaldes y Vicealcaldes, como lo son el derecho a la igualdadincondicional de los ciudadanos, el derecho a elegir y ser electos en cargos de elección popular, entre otros.

Ambas solicitudes fueron rechazadas “ad portas” por el CSE, mediante una resolución administrativa que declaró lo siguiente: “NO LE CORRESPONDE A ESTE CONSEJO SUPREMO ELECTORAL RESOLVER TAL ANTINOMIA”. Esta negativa de resolver dicha solicitud planteó un agravio real para los recurrentes,ya que se les niega la posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos en plena condición de igualdad frente al resto de ciudadanos del país, sobre todo frente a aquellos que también ejercen cargos de elección popular.

El arto. 23 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: “El Recurso de Amparo solo puede interponerse por parte agraviada. Se entiende por tal. Toda persona natural o jurídica aquien perjudique o esté en inminente peligro de ser perjudicada por toda disposición, acto o resolución, y en general, toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos, que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política”.

Aplicando esta norma de rango constitucional, los recurrentes manifiestan sentirse agraviados por laresolución que en sentido negativo emitió el Consejo Supremo Electoral sobre su pretensión, y por tanto, recurren de amparo en contra de esa resolución.

La Sala Constitucional del Tribunal de Apelaciones dictó auto admitiendo el recurso, dándole trámite y ordenó poner en conocimiento al Dr. Hernán Estrada en su carácter de Procurador General de la República. Así mismo ordenó notificar a losmagistrados del CSE para que en un término no mayor de 10 días, se apersonaran y presentaran un informe sobre el caso, tal y como lo establece la Ley de Amparo.

Posteriormente se apersonaron el representante de los recurrentes, los Magistrados del CSE y la Lic. Marisol Castillo, como Procuradora Nacional Constitucional. Los magistrados presentaron el informe requerido y se tuvo por radicado elrecurso.

Dando continuidad al proceso, se convocó a los 6 magistrados miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para integrar sala y revisar el caso, para lo que se convocó a los siguientes Magistrados:

1. Francisco Rosales, Presidente de la Sala;
2. Rafael Solís, miembro;
3. Ligia Molina, miembro;
4. Iván Escobar Fornos, miembro (no asistió y susuplente era el Dr. Guillermo Selva, ya fallecido);
5. José Damicis Sirias (ausente por motivos de vacaciones y su suplente Gabriel Rivera no asistió);
6. Sergio Cuarezma (no asistió y su suplente José Antonio Alemán no asistió).

Para llenar estos vacíos se procedió con base al arto. 31 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece lo siguiente: “En la relación de...