Análisis jurisprudencial: tribunal constitucional, rol 1298

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Escuela de Derecho
Sede Coquimbo





Requerimiento de inaplicabilidad
Rol 1298-09










Profesor: Eduardo Gandulfo
Alumna: Madelyn Maluenda P.
2012





Análisis Jurisprudencial: Rol 1298-2009 “Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 15 y 16 del Decreto Ley Nº2.695, en los autos Rol Nº 676-2006 seguidos ante la Corte deApelaciones de Chillán”.

Aproximaciones al caso.
El requerimiento de inaplicabilidad que se resuelve en la sentencia que a continuación se analizará, fue interpuesto por la parte demandante de un juicio de reivindicación, cuya demanda fue rechazada por fallo de 24 de julio de 2006, reconociendo, por tanto el dominio de la parte demandada, quien habría adquirido por la prescripciónestablecida en el D.L. N° 2.695.
A raíz de esta sentencia, el abogado de la parte demandante interpone un requerimiento de inaplicabilidad, señalando que los artículos 15 y 16, que establecen la prescripción por la que habría adquirido la demandada, son inaplicables al juicio de reivindicación por inconstitucionales, por transgredir los derechos de propiedad y el principio de interdicción dela arbitrariedad. Basados principalmente en las insuficientes garantías ofrecidas por el procedimiento de regularización y el breve plazo de prescripción, aspectos regulados por el decreto ley.
El Tribunal Constitucional, tras desarrollar una extensa teoría que involucra teorías tanto constitucionales como civiles, desemboca en la conclusión que las normas impugnadas no resultan inaplicablesal caso concreto. Sin embargo, cuenta con un voto disidente que concuerda con la teoría del requirente. La gran debilidad de ambas teorías es quizás, el hecho que tangencialmente se refieren al caso concreto, no existiendo un completo desarrollo de las teorías a nivel de aplicación, siendo un análisis más bien abstracto.
Para contextualizar el fallo nos referiremos al decreto ley, cuyas normasson impugnadas.
El decreto en cuestión tiene como finalidad regularizar la situación de aquellos que se comportan como poseedores, pero que por no contar con la inscripción conservatoria correspondiente no pueden ser considerados tales, que en otras palabras contarían con la posesión material del bien raíz.
Para cumplir con esta finalidad, establece un procedimiento administrativodestinado a comprobar en terreno la existencia de posesión sobre un inmueble y concluye con la dictación de una resolución administrativa, la que es inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, a nombre de quien solicitó la regularización. Transcurrido un año desde esa inscripción dicho poseedor se transforma en dueño.
Desde la dictación de este decreto se han generado dos teorías antagónicas, una deellas que propugna la constitucionalidad y legitimidad de la normativa y otra que la considera derechamente inconstitucional.
En el tiempo que la Excma. Corte Suprema conocía de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Cordero Quinzacara, señala que en un principio la Corte tendía al “congelamiento al régimen jurídico”[1], sosteniendo que esta regulación y principalmentesu artículo 2° "destruye las garantías de la posesión inscrita, que es una presunción de dominio y que es la base de la actual organización económica y social del país" De este modo se estaría privando arbitrariamente de su derecho de propiedad al propietario raíz.[2] Posteriormente señala que este mismo tribunal, sostiene que el legislador tiene la potestad para el establecimiento de modos deadquirir.

Teorías desarrolladas en la sentencia.


Las teorías que se enfrentan en el presente fallo son dos, una de ellas, la sostenida por el Tribunal Constitucional, que propugna la constitucionalidad de los artículos 15 y 16 del D.L. N° 2.695; y la otra, desarrollada tanto por el requirente como por el voto disidente, es aquella que sostiene la inconstitucionalidad de las normas...