analisis jurisprudencial c-379

ETICA
ANALISIS JURISPRUDENCIAL
SENTENCIA C-379 DE 2008









SERGIO ANDRES MEJIA MACHACADO
LIZETH PAOLA PINZON ROCA
YOSMAR PEREZ MENDEZ









UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
BARRANCABERMEJA, 11 DE OCTUBRE 2013
FACULTAD DE DERECHO, DECIMO SEMESTRE

ANALISIS
IDENTIFICACION.
Sentencia C-379/08, Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil ocho (2008).Demandantes: Franky Urrego Ortiz y Yefferson Mauricio Dueñas
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 1123 de 2007 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”
Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

HECHOS.
Los ciudadanos Franky Urrego Ortiz y Yefferson Mauricio Dueñas solicitaron la declaratoria deinconstitucionalidad de los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 1123 de 2007 “Por medio de la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
Según los demandantes, los preceptos acusados de la Ley 1123 de 2007 contradicen los principios de legalidad y tipicidad contenidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional pues no establecen qué sanción debe aplicarse a las faltas contempladas en la mismaLey 1123 de 2007 con lo cual se permite imponer “‘cualquiera’ de las referidas sanciones a ‘cualquiera’ de las faltas estipuladas en la Ley.”
Como a juicio de los demandantes ocurre en este caso -, “a pesar de estar descritas las conductas que constituyen faltas disciplinarias no están determinadas de forma previa las sanciones a imponer en caso de llegarse a incurrir en uno de esoscomportamientos.”
Aseguran los actores que a partir de la lectura de los preceptos demandados no resulta predecible el tipo de sanción que se impondrá a una persona profesional de la abogacía puesto que el código parcialmente atacado no lo establece y se limita a definir en qué consiste cada una de las sanciones sin precisar cuándo y para qué casos se aplica cada una de ellas. En su opinión, se desconoceel principio de legalidad pues los preceptos acusados no contienen, a su juicio, criterios objetivos que permitan fijar la sanción respecto a la falta cometida lo que trae como consecuencia dejar un amplio margen de apreciación a las autoridades judiciales quienes pueden imponer sanciones en forma discrecional. Adicionalmente, aunque los actores admiten que la Ley fija criterios para graduar lapena y protegen un mínimo de proporcionalidad, ellos consideran que en el caso de los preceptos demandados lo anterior no puede equipararse a la garantía de tipicidad que protege la legalidad de la sanción y la certeza del derecho.

INTERVENCIONES.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Tatiana del Rocío Romero Acevedo en su calidad de apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho mediante escritoallegado a la Secretaría de esta Corporación el día 17 de octubre de 2007 solicita que se declare la exequibilidad de los preceptos demandados.
El artículo 29 superior el legislador estaba obligado a describir la conducta o comportamiento que se consideraba ilegal o ilícito en la forma más clara y precisa factible, “de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibiciónque da lugar a la sanción de carácter penal o disciplinario.”
La Normativa se orientaba precisamente a evitar que la autoridad judicial tuviera un excesivo margen de apreciación en la aplicación de la norma y se constituía en una garantía para el administrado quien así podría tener “claridad sobre la conducta exigida lo que le permitirá el cumplimiento de la misma o su eventual defensa”.
Lajurisprudencia constitucional había sido reiterativa en afirmar que a partir del principio de legalidad no se derivaba la necesidad de efectuar una enumeración excesivamente casuística. Lo anterior se aplicaba especialmente en el campo del derecho disciplinario en el cual, según el Ministerio de Justicia y del Derecho, “se [permitía] una mayor flexibilidad típica que en el derecho penal” lo que no...