antigona

Esta semana pasada veíamos en clase el «caso Antígona», un caso que ha sobrevolado la Historia y los regímenes jurídicos de todos los tiempos y que un autor, un tal Gustavo Zagrebelsky, expresidente del Tribunal Constitucional de Italia, expone en su último libro, «La Ley y su Justicia», para tratar de explicar la complejidad que encierra la interpretación jurídica actual, en la que hay queconciliar lo que establece la ley concreta con los valores y principios de justicia, ética y moral que lucen en la constituciones actuales y en el sentir general de las sociedades.

Como bien se sabe, Antígona, hermana de Polinices, desobedece la ley impuesta por Creonte, el gobernante de la ciudad, que ha condenado a muerte a Polinices por traidor y que prohíbe que su cadáver sea enterrado, privadoasí de un trato digno. La tragedia está servida: Antígona es ejecutada por desobedecer la ley y Creonte se condena a vivir como un muerto en vida, atado a sus remordimientos.

Tanto Creonte como Antígona tienen buenos motivos para actuar como lo hacen. Creonte, porque no puede dejar a la ciudad indefensa, a merced de sus enemigos, guiado por una ética de la responsabilidad. Antígona, porqueobedecer la ley del gobernante, y no enterrar a su hermano, va contra su sentir y su conciencia, que le vincula a principios más poderosos que las leyes de los hombres, guiada por una ética de la convicción.

Ambos planteamientos son atendibles, aunque se presentan como irreconciliables y excluyentes. Será Sófocles, el autor de la tragedia, quien deslice la idea de que, a pesar de todo, habría quehacerlos compatibles, atemperando el rigor de la Ley con principios de orden superior.

Hoy no vivimos en los tiempos de Sófocles, pero su consejo ha prevalecido. El juicio sobre la obligatoriedad de una ley no puede depender sin más del mandato impuesto por voluntad del legislador, aunque éste sea democrático, sino porque sea compatible con una norma superior (la Constitución) y con losvalores y principios que ésta contiene.

Pues bien, viene ello a cuento de la reforma del art. 23.4 la Ley Orgánica del Poder Judicial, que anula la capacidad de los jueces españoles para ejercer la llamada Justicia Universal, esto es, la persecución de crímenes de lesa humanidad (como los cometidos en el Congo, Ruanda, Ashraf, Tibet, etc. y la muerte de José Couso, a manos de soldados norteamericanosa raíz de la invasión de Irak) así como otros crímenes repugnantes, y les obliga a sobreseer las causas que se encuentran abiertas por estos casos.
No cabe duda de que al Gobierno, el impulsor de la ley en el Parlamento amparado en su mayoría absoluta, le asisten motivos, tales como no enemistarse con poderosos países, como China, o no molestar a países aliados, como EE UU, un país que blinda asus ejércitos en sus intervenciones en el extranjero y que repudia el concepto mismo de Justicia Universal.

Pero también es claro que tales motivos, que inspiran la letra de la Ley, no pueden prevalecer frente a otros, más objetivos y constitucionalizados, que van desde el respeto a los compromisos internacionales de España (pacta sunt servanda), la tutela juridicial efectiva, el principio deindependencia judicial y de autonomía funcional de los jueces, y otros vinculados a la defensa de los derechos humanos. El contraste entre la ley y los principios de orden superior quedaría mejor definida si nos pusiéramos en el lugar de la familia de José Couso y pidiéramos que se hiciera justicia para que descansara en paz sabiendo la verdad.

Ojalá los movimientos que se manifiestan en laAudiencia Nacional, en contra de la ley que muchos tachan de inconstitucional, terminaran por reconocer que el legislador no es omnipotente y que las malas razones no pueden imponerse a las buenas.


El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, pronunció una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid el pasado...