ANÁLISIS DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CASO: ROBERTO TORRES GONZALES

ANÁLISIS DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CASO: ROBERTO TORRES GONZALES
La presente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto al burgomaestre de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales donde declara nula la sentencia de la Segunda Sala de Apelaciones de Chiclayo, debido a que la sala mencionada vulnero el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, a mi humildeparecer merece los siguientes puntos de análisis.
1.- En primer lugar, si bien la segunda preposición del primer parágrafo del artículo 4 del C.P.C establece que “es improcedente el amparo cuando el agraviado dejo consentir la resolución que dice agraviarlo”, en el presente caso no se denota el consentimiento del recurrente, puesto que la casación a la cual se refiere la Sala Especializada deDerecho Constitucional, tiene como requisito para acceder a ella que, “…el delito imputado más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años”, condición que evidentemente no se cumple, es decir, esto va mas allá de la voluntad del recurrente de acceder o no a este recurso de impugnación, dejando al criterio, es decir al examen de Sala Penal de laCorte Suprema, si lo acepta o no, siempre y cuando considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, entonces si el derecho a impugnar tiene como fundamento el agravio del cual se siente víctima el procesado y dicho daño seguirá vigente mientras siga vigente la resolución objeto de revisión, no se puede dar el status de facultad a una potestad restringida por condiciones ymucha más cuando de acuerdo a la características del caso en concreto esta “facultad” se limite a la aprobación de un tercero, entonces si no hay facultad, es decir no hay posibilidad de decidir, no hay tampoco negativa o inacción, requisito para la declaración de improcedencia. En suma no se podría afirmar que hubo consentimiento del recurrente al no accionar el recurso de impugnación, porque estese encuentro en el ámbito de decisión de un tercero: ergo si es procedente el proceso de Amparo, así este tenga la naturaleza de recurso residual y excepcional de última ratio.
2.- Segundo, el sujeto activo del delito objeto de la sentencia es el alcalde de Chiclayo, funcionario que según la clasificación de DR. RAÚL B. PARIONA ARANA, sería un funcionario de autoridad, que lo conceptualiza de lasiguiente manera “funcionario que posee mayor nivel en la jerarquía del funcionario público y que poseen facultades de “imperium” o mando sobre los demás.”. Hasta allí no hay discusión ni normativa ni doctrinal, el problema nace al delimitar el bien jurídico tutelado en el delito de peculado de uso, el mismo autor define a nivel doctrinal este delito de esta manera. El uso (o utilización) debienes públicos está circunscrito a determinados bienes muebles (máquinas, vehículos, etc.) que son destinados o utilizados en fines distintos a los oficiales en provecho propio o de terceros. La penalidad es menor que en el peculado por distracción genérica en razón a tratarse de máquinas y herramientas. Por su lado FIDEL ROJAS VARGAS define al peculado de uso como “La modalidad de peculado porutilización se configura cuando el agente usa, emplea, aprovecha, disfruta o se beneficia de los caudales o efectos públicos, sin el propósito de apoderarse del bien. En el agente no hay ánimo o propósito de quedarse o adueñarse sino simplemente de servirse del bien público en su propio beneficio o en beneficio de un tercero”. De esto se desprende que el delito de peculado y más aun la modalidad de“uso” se trata de un delito de infracción de deber porque el fundamento de la responsabilidad penal en concepto de autor no radica en el dominio sobre el riesgo típico, sino que reside en el quebrantamiento de un deber asegurado institucionalmente y que afecta sólo al titular de un determinado status o rol especial. PARIONA menciona que “no hay consenso en la doctrina, para algunos autores el bien...