Apelacion

EXP.: BP11-P-2010-003885
Ciudadano
Juez en Funciones de Control del circuito Nº 2 del Circuito Judicial Penal Circunscripción del Estado Anzoátegui.
Su Despacho.-
Yo, IRIS DEL VALLE PEREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.498.742, abogada en ejercicio, debidamente inscrita en el IPSA bajo el Nº 144.048, con domicilio procesal en la Av. Principal del sector Villa Santa Ana, MunicipioSanta Ana, Estado Anzoátegui; procediendo en este acto como abogada defensora del ciudadano NELSON RAFAEL PINO ACOSTA, plenamente identificado en autos, procesado por la presunta comisión del delito Violencia Psicológica y Acoso u Hostigamiento, previsto y sancionado en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según asunto NºBP11-P-2010-003885; ante Usted, con el debido respeto ocurro a los fines de exponer y solicitar:
CAPITULO I
PRECEPTO AUTORIZANTE DE ESTE MOTIVO
La Libertad y la Vida constituyen dos bienes fundamentales que ameritan la más cabal y efectiva protección en un estado Social y Democrático de Derecho que hoy opera cabalmente en nuestro País a raíz de la aprobación de la nueva Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela.
Lamentablemente, en la esfera interna y al margen de las declaraciones legales la Vida y la Libertad han significado poco entre nosotros. En el Código Orgánico Procesal Penal se responde a las exigencias de un modelo democrático en la medida en que se preserve adecuadamente el bien de la Libertad del procesado y se coloque en posición bien distante de la tentaciónautoritaria, que aspira a convertir el Procedimiento Penal en un arma para intimidar o en un instrumento para el logro de fines muy alejados de la Justicia, sin que ello signifique dejar al margen las exigencias legítimas de las actuaciones de la Justicia Penal en Venezuela.
El COPP se ha propuesto proteger con energía el valor de la Libertad y la Presunción de Inocencia de todo procesado. Sin embargo,ha dejado algunos vacíos que podrían ser llenados con prácticas abusivas contra la Libertad, lo que esperamos no siga ocurriendo, a fin de que constituya un capítulo del pasado el atropello sistemático a este derecho llevado a cabo a través del Proceso Penal Derogado.
La afirmación de la Libertad, es uno de los principios básicos de un sistema Procesal Penal Garantista, acorde con las exigenciasde un estado Democrático de Derecho, es la afirmación y resguardo de la Libertad del ciudadano sometido a un proceso o investigado por la presunta comisión de un hecho punible, hasta tanto una decisión del Organo Jurisdiccional no declare formalmente su culpabilidad. En Venezuela, bajo el régimen del Código de Enjuiciamiento Criminal, el Proceso Penal prácticamente se concentró en una etapasumaria, inquisitiva y la decisión más importante, en definitiva, fue el Auto de Detención, convertido en pieza angular del procedimiento, de manera tal que podía afirmarse que no había enjuiciamiento sin un preso, convirtiéndose una medida cautelar en una “sentencia definitiva” que, partiendo de una presunción de culpabilidad, determinaba la pena, que se anticipaba así a cualquier decisión,condenatoria o absolutoria, esta última sin mayor trascendencia ante la sanción cumplida. Sin embargo, en la práctica los Tribunales no se desprendieron de la sacralización del auto de detención como elemento indispensable en el Proceso Penal, concepción que, inclusive, se manifiesta en algunas disposiciones del novísimo Código Orgánico Procesal Penal Venezolano que, inexplicablemente, exige la medidacautelar de privación judicial de libertad para objetivos que no se justifican en el caso me ocupa de NELSON RAFAEL PINO ACOSTA.
En el plano principista del COPP contiene la más rotunda afirmación del derecho a ser juzgado en libertad como regla, prescribiendo que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones...