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Para atraer inversión extranjera muchos Estados se ven en la necesidad de contrarrestar su falta de estabilidad política con instrumentos jurídicos de carácter internacional (aparte de ofrecer ventajas de carácter fiscal, social, etc.).
Están, en primer lugar, los llamados “Contratos de Estado”. Me refiero a la práctica consistente en la celebración entre el Estado huésped y el inversorextranjero de un contrato internacionalizado, que designa como Derecho aplicable el ordenamiento de un tercer Estado, la lex mercatoria o, incluso, el propio Derecho Internacional y somete las controversias que pudieran surgir al arbitraje internacional. La internacionalización de los Contratos de Estado cuenta con el respaldo de foros de internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo deDiferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), creado por el Convenio de Washington de 1965. El CIADI tiene por objeto ofrecer medios de conciliación y arbitraje para la solución de las controversias que en materia de inversiones pudieran surgir entre Estados partes y nacionales de otros Estados partes que hayan consentido su jurisdicción, ya sea mediante una cláusula contractual, un compromisoarbitral o, incluso, a través de su legislación interna.
Los “Contratos de Estado” no son, sin embargo, la panacea. Por una parte, tan sólo sirven para dar cobertura a determinado tipo de inversiones (tales como las dirigidas a la explotación de recursos naturales o al desarrollo de infraestructuras); por otra parte, no siempre son aceptables -en términos jurídicos y políticos- para el Estado deinversión.
A partir de los años ochenta, sin abandonar los Contratos de Estado, la práctica ha seguido otros derroteros. Me refiero a la celebración de tratados bilaterales y multilaterales en materia de protección de inversiones.
En la actualidad contamos con más de 2.000 Acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones (en adelante “APPRIs”) celebrados entre Estadosindustrializados y países en desarrollo, en su mayoría a partir de 1987. Estos acuerdos no sólo han servido de fundamento para reclamaciones formuladas por inversores de países industrializados.
Las similitudes de los APPRIs, tanto en su estructura como en sus contenidos, son cada vez mayores. La protección que cada parte asegura a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de la otraparte cubre, entre otros aspectos:
(i) el derecho a un tratamiento justo y equitativo;
(ii) el derecho a recibir el mismo tratamiento que los inversores nacionales;
(iii) el derecho a recibir una indemnización en caso de medidas de expropiación, incluidas medidas de expropiación indirecta;
(iv) el derecho a libre transferencia de rentas; y
(v) el derecho a recibir eltratamiento dispensado a las inversiones procedentes del país que goce de un tratamiento más favorable (cláusula de la nación más favorecida).

El incesante incremento de APPRIs en los últimos años ha dado lugar a una compleja y tupida red convencional que hasta la fecha no ha sido posible sustituir por un sistema multilateral. Como se recordará, el primer intento por lograr un tratado multilateralde protección de las inversiones extranjeras fracasó estrepitosamente; me refiero a la negociaciones iniciadas en 1995 bajo los auspicios de la OCDE para la celebración del célebre AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones).
En el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, tampoco se han alcanzado hasta la fecha avances significativos. Cierto es que, tras el fracaso del AMI, la OMC haintensificado los esfuerzos por profundizar en las disposiciones del Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (TRIMs) adoptado en la Ronda de Uruguay, y, sobre todo, por extender su ámbito de aplicación al conjunto de las inversiones extranjeras. Sin embargo, la reciente Conferencia de Cancún ha evidenciado la falta de consenso entre los miembros de la OMC...