Aranceles Notariales

INCONSTITUCIONALIDAD DE ARANCELES NOTARIALES
Resolución del Tribunal Constitucional 76 Registro Oficial Suplemento 116 de 10-jul-2000 Estado: Vigente
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En el caso No. 902-99-TC. ANTECEDENTES.- El doctor Jorge Machado Cevallos y otros notarios públicos en ejercicio de sus funciones comparecen ante el Tribunal Constitucional, amparados en el derecho que les confieren losartículos 276 numeral 1, 277 numeral 5 de la Constitución y 24 literal e) de la Ley de Control Constitucional y demandan la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Resolución mediante la cual el Consejo Nacional de la Judicatura autoriza una nueva Tabla de Aranceles Notariales, publicada en el Registro Oficial No. 254 de 13 de agosto de 1999 , por cuanto dicha disposición contraviene losartículos 119, 141 número 3 y 257 de la Constitución y solicitan la suspensión total de sus efectos. Manifiestan los demandantes, en lo fundamental, que el Consejo Nacional de la Judicatura puso en vigencia una nueva tabla de aranceles notariales, mediante resolución sin número publicada en el Registro Oficial No. 218 de 23 de junio de 1999 , resolución que fue sustituida por otra de idénticascaracterísticas expedida el 3 de agosto de 1999 y publicada en el Registro Oficial No. 13 del mismo mes y año. Que ambas resoluciones, además de establecer un nuevo arancel por los servicios que los notarios prestan al público, crean una tasa no prevista en ley alguna. Que en el ordenamiento jurídico vigente no existe norma alguna que le permita al Consejo Nacional de la Judicatura gravar con una tasa losderechos notariales, en beneficio de la Caja Judicial. Ni el artículo 8 de la Ley de Derechos Notariales ni el literal g) del artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, invocados como fundamento para la adopción de tal resolución, sustentan la imposición a los notarios por parte del Pleno del Organismo de obligaciones de carácter tributario, disposiciones que limitan la competenciadel Consejo a la fijación y actualización del arancel, es decir, a la tarifa oficial que determina las cantidades que los notarios tienen derecho a percibir por los servicios que prestan al público, en cambio el Consejo ha creado un tributo que los notarios están obligados a pagar. El Presidente y los Vocales del Consejo Nacional de la Judicatura contestan la demanda de inconstitucionalidadalegando: a) Improcedencia de acción por cuanto los servicios que prestan los notarios son servicios judiciales sujetos a la fijación de tasas, conforme dispone el artículo 207 de la Constitución Política y el literal f) del artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura; b) Nulidad en el fondo y la forma de la demanda; c) Ilegitimidad de personería del actor y demandado, en tantola Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura en su artículo 21 literal a) dispone que quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo es el Director Ejecutivo, habiéndose solicitado se cuente con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura y no se indica quien es el representante legal del organismo demandado y tampocoel lugar donde debe ser citado, adicionalmente los actores comparecen sin ninguna representación, ya que al presentar su demanda no cumplen con los requisitos exigidos por la ley, d) Falta de citación de la demanda al demandado o a quien legalmente le represente; e) Incumplimiento de requisitos para emitir informe favorable por parte del Defensor del Pueblo, pues no reúne la demanda los requisitosde procedibilidad exigidos en el artículo 19 a) y b) del Reglamento de Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de Competencia del Defensor del Pueblo, no existe la debida motivación ni la enunciación de principios jurídicos en los que se ha basado para explicar la pertinencia de la demanda, falta que atenta a las garantías del debido proceso. Consideran...