ARBITRAJE EN ESPAÑA

CONTENIDO

El Arbitraje en la Doctrina Constitucional Española

BERNARDO M. CREMADES*

1. Introducción
La Constitución Española (CE) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)
atribuyen la potestad jurisdiccional del Estado a Jueces y Tribunales, quienes
tienen la facultad exclusiva de juzgar y ejecutar lo juzgado. Asimismo, nuestra
Constitución consagra la libertad de los ciudadanos comoprincipio y valor
supremo de nuestro ordenamiento jurídico. La potestad de los árbitros de llevar a cabo la resolución de controversias, sobre materias de libre disposición
para las partes conforme a Derecho, encuentra precisamente su fundamento
en la libertad y autonomía de la voluntad de los particulares, materializada en el
convenio arbitral.
El convenio arbitral, piedra angular del arbitraje,delimitará la potestad
decisoria del árbitro. Todo arbitraje se fundamenta sobre la voluntad de las
* Senior patner, B. Cremades y Asociados; Presidente de la Corte Española de Arbitraje;
miembro del Institute of World Business Law de la Cámara de Comercio Internacional
(ICC); miembro del International Council for Commercial Arbitration; (e-mail: bcremadesmad@bcremades.com).
El presente artículoconstituye homenaje a Don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer,
ex-Presidente del Tribunal Constitucional y gran maestro del Derecho en España.

LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006

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EL ARBITRAJE EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA

partes en conflicto, existente o futuro, de tal manera que la cláusula arbitral será
el punto neurálgico del arbitraje y su razón de ser.
Nada impide, por lo tanto, laaceptación constitucional del arbitraje como
institución sustitutiva de la función jurisdiccional ejercida por los Jueces y Tribunales, sin que ello implique una suplantación por los árbitros de los órganos
judiciales del Estado. El propio Tribunal Constitucional configura el arbitraje
como «un equivalente jurisdiccional» mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que ante losórganos jurisdiccionales del Estado, es
decir, una decisión con efectos de cosa juzgada.1
La potestad jurisdiccional del árbitro no tiene, sin embargo, el mismo alcance que la otorgada por la Ley a los Juzgados y Tribunales, ya que frente a la
del poder de los jueces de ejecutar lo juzgado, atribuido ex lege, el árbitro necesitará del auxilio judicial, cuando la voluntad de las partes resulteinsuficiente
para llevar a buen fin el procedimiento, o para cumplir lo decidido en el laudo.
La equivalencia entre el laudo y la sentencia judicial hace necesario el sometimiento del laudo al control judicial, mediante el ejercicio de la acción de
anulación previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (LA)
para salvaguardar la conformidad del laudo al orden de público del que Jueces
yTribunales son garantes. Reconocida esta vinculación de los árbitros con los
órganos jurisdiccionales del Estado, parece lógico pensar que se permita a éstos la posibilidad recurrir al brazo judicial para salvaguardar y agilizar el procedimiento arbitral.
Por lo tanto, Jueces y Tribunales desempeñan una función primordial en el
éxito del arbitraje: en primer lugar, mediante el apoyo y control delarbitraje; y
en segundo lugar, en el procedimiento de ejecución del laudo arbitral.
Los efectos jurisdiccionales del arbitraje exigen unas garantías y responsabilidades para el árbitro, de proteger el derecho fundamental al proceso debido,
consagrado constitucionalmente. El régimen sobre responsabilidad del árbitro
tiene un menor desarrollo que el de los jueces, especialmente en relación con
lassanciones establecidas y la responsabilidad subsidiaria que se pueda desencadenar. Sin embargo, no cabe duda que de la misma manera que un juez, y
como órgano con potestad decisoria, el árbitro estará sujeto tanto a responsabilidad penal —en relación con los tipos establecidos en Título XIX del Código Penal— como civil —dentro de los límites establecidos en la Ley de Arbi-

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Sentencia del...