asalariados

Más de 4 millones de españoles y españolas trabajan en empresas de menos de 25 trabajadores. Salvo aquellos que lo hagan en empresas con más de un centro de trabajo o que desarrollen actividades deespecial peligrosidad incluidas en el Anexo I, todos ellos se han visto arrojados fuera de un sistema normalizado de prevención de riesgos laborales con la última modificación “exprés” de la Ley dePrevención de Riesgos Laborales que ha introducido el Gobierno. La modificación de esta ley, que en 1995 sentó las bases de la prevención en España, se ha producido mediante la aprobación de un nuevotexto legal: la ley de apoyo a los emprendedores.
Este nueva ley introduce dos cambios importantes. El primero corresponde al artículo 30.5 de la LPRL y faculta al empresario para asumir personalmentela realización de la actividad preventiva en la empresa cuando esta ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando disponga de un único centro de trabajo. Con anterioridad a esta reforma el límite sefijaba en 10 trabajadores. Esta medida solo contribuirá a una disminución de la calidad de la prevención en este tipo de empresas, que ya no tendrán la obligación de recurrir a entidades especializadaso a trabajadores designados para realizar dicha actividad, algo que garantizaba la profesionalidad de los responsables de dichas actuaciones en la organización.
Pero la crítica no se limita alcontenido de la reforma, sino también al procedimiento empleado para llevarla a cabo. La LPRL contempla entre las funciones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), órganocolegiado de carácter tripartito en el que están representados Administraciones públicas y agentes sociales, las de informar y formular propuestas en relación con cambios de disposiciones de carácter generalen materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo no ha conocido esta propuesta de reforma con anterioridad a su publicación en el...