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Urge un cambio de rumbo en beneficio del pueblo trabajador

Compañeros trabajadores y trabajadoras:
Nuestro país está en una encrucijada. La crisis que nos agobia tiene expresiones muy notorias no solo en el campo del ejercicio de laslibertades, de los derechos civiles y políticos ―que en los últimos tiempos se evidencia un deplorable avance de la intolerancia, del militarismo, de la represión estatal y de las restricciones―, sino en el terreno de los derechos económicos y sociales consagrados en la Constitución y en las leyes; espacio en el cual los retrocesos son más sentidos por toda la población, y en mayor medida por quienesdependemos de un salario, un sueldo o una pensión.
El gobierno, más interesado en mantenerse en el poder que en buscarle solución a las exigencias y a los problemas nacionales, hace añicos las esperanzas de una vida mejor, que se expresaron en el respaldo popular al proceso de cambios que se le ofreció a los venezolanos 15 años atrás. La institucionalidad prevista en la Constitución (TribunalSupremo de Justicia, Poder Electoral, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Contraloría General de la República) ha sido secuestrada por el gobierno, dejando a la sociedad ―y en particular a quienes vivimos del trabajo― en la más absoluta indefensión. La acción cotidiana a favor del gobierno de esos órganos del poder público demuestra claramente que no existe división de poder de poderes y que no hayEstado de Derecho y menos de Justicia, como establece nuestra carta magna.
La clase trabajadora padece en carne propia el creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, cuestión que ya no puede ser ocultada con discursos y consignas. La disminución del poder adquisitivo del salario no cesa; su valor nominal no tiene nada que ver con el costo de los bienes esenciales para vivir, pues los«aumentos» ―ya sean por decreto o por contrato colectivo― se diluyen en una economía desquiciada, en la cual el dinero no tiene respaldo en la producción nacional de bienes y servicios.
El modelo económico estimula la inflación, la especulación y la corrupción, y por consiguiente empobrece a la mayoría y enriquece a unos pocos, a viejas y nuevas oligarquías. La única diferencia con los«paquetazos» de gobiernos anteriores, es el discurso engañoso y manipulador. A final de cuentas todas las medidas, como los ajustes económicos, el alza de los precios y las constantes devaluaciones, son más cargas sobre los hombros del pueblo, de los trabajadores, de los que vivimos de un salario.
El gobierno desincentiva la industrialización y la producción agrícola llevando además a las empresasestatizadas a una crisis con baja producción o paralizadas, donde se violan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, no se discuten los contratos colectivos y no se respeta la autonomía sindical; convirtiendo a la importación en la forma de abastecer al país de rubros básicos para la vida de la población, lo cual refuerza la dependencia económica y atenta contra la soberanía alimentariaEl empleo y el derecho al trabajo dependen cada vez más de la renta petrolera, que el gobierno maneja de manera autoritaria y despótica. Cada día se cierran o se debilitan áreas de inversión productiva: industrias básicas, automotriz y autopartes; cemento, agroindustria, manufactura textil, producción gráfica e impresa; industria química y laboratorios, entre otras. El uso clientelar ychantajista de los empleos en la administración pública ―que no fue inventado en estos 15 años, pero que este gobierno ha llevado a grados exponenciales no conocidos― llega al extremo de desconocer derechos laborales básicos y lesionar la propia dignidad humana al querer controlar hasta la vida personal de quien trabaja en instituciones del Estado. Hoy más que nunca desde el Estado-patrono se promueven...