Audiencias Públicas NOTA A FALLO
Páginas: 9 (2155 palabras)
Publicado: 17 de mayo de 2016
Audiencias Públicas: ¿es el artículo 42 de la Constitución Nacional una norma jurídica? (Nota a Fallo1)
Por Pablo M. Fernández Lamela
Sumario
I.- Los Hechos.
II.- Los principios y las normas fundamentales aplicables.
III.- El fallo de la sala V de la Cámara.
IV.- Conclusión.
I.- Los Hechos.
Por Resolución Conjunta 1006/2000 y 17/2000 de los Ministerios de Economía y de Infraestructuray Vivienda, respectivamente, con fecha 1° de Diciembre de 2000 se aprobaron nuevas escalas tarifarias para los servicios de transporte automotor público de pasajeros urbanos y suburbanos.
Estas nuevas escalas significaban aumentos sustanciales de los pasajes (boletos) de transporte automotor (colectivos), con la obvia incidencia negativa en los bolsillos de los usuarios, circunstancia agravadapor el contexto de una prolongada recesión económica que afecta a la Argentina.
El aumento tarifario fue dispuesto sin realizar -de modo previo a la decisión- una audiencia pública con todos los sectores interesados, ni ningún otro mecanismo de participación pública –documento de consulta, etc.- que permita oír a los afectados, antes de la emisión del acto.
Frente a esta situación, se alzó elreclamo unánime de las asociaciones de consumidores y usuarios. Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación decidió promover una acción de amparo contra el Estado Nacional solicitando la nulidad de la mencionada Resolución, y –cautelarmente- la suspensión de los efectos de aquella, hasta tanto se resuelva la acción interpuesta.
En primera instancia, el magistrado interviniente, en el decisoriode fecha 6 de Diciembre de 2000, hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la suspensión de los efectos de la resolución conjunta, hasta tanto se pronuncie definitivamente.
Con posterioridad, la Sala de Feria hizo lugar a la apelación interpuesta por el Estado Nacional y revocó la medida cautelar dispuesta, recobrando sus efectos la resolución impugnada, con lo cual las tarifas detransporte automotor aumentaron, de acuerdo a las nuevas escalas.
II.- Los principios y las normas fundamentales aplicables.
Uno de los principios fundamentales del sistema republicano es la posibilidad cierta de todos los ciudadanos de dirigirse a los funcionarios públicos competentes, para ser oídos, toda vez que sus intereses se encuentren en juego.
El derecho de peticionar a las autoridadeses uno de los rasgos esenciales del Estado de Derecho, que lo distinguen de modelos autoritarios.
Recientemente, el decreto 229/2000 ha venido a reafirmar y reforzar estos derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración Pública Nacional, incluyendo el deber de los funcionarios de dictar resolución expresa ante sus peticiones, solicitudes o denuncias (art. 3°, inc. i). De estaforma, el mero interés simple basta para ejercer la facultad de petición, debiendo resolverse –de forma expresa- las presentaciones de los particulares.
Ahora bien, en lo que se refiere a la emisión de actos que poseen, como característica saliente, la incidencia sobre una esfera amplia e indeterminada de afectados, el derecho a esgrimir las pretensiones que se estimen en defensa de los propiosintereses, posee algunas peculiaridades especiales, derivadas de la existencia de un colectivo de interesados.
En general, frente a estas situaciones, la experiencia nacional y comparada ha demostrado la bondad de establecer mecanismos de participación pública que garanticen la tutela de los distintos intereses en juego.
Estos mecanismos pueden ser, por ejemplo, las audiencias públicas o losdocumentos de consulta.
De acuerdo a las características de cada caso, las autoridades competentes deberán arbitrar –si es que no cuentan con una reglamentación específica- el medio que estimen más adecuado a la satisfacción de estos derechos.
En todo caso, la Constitución Nacional, en su artículo 42, da la pauta básica, al disponer la “necesaria participación” de los usuarios y consumidores, en la...
Por Pablo M. Fernández Lamela
Sumario
I.- Los Hechos.
II.- Los principios y las normas fundamentales aplicables.
III.- El fallo de la sala V de la Cámara.
IV.- Conclusión.
I.- Los Hechos.
Por Resolución Conjunta 1006/2000 y 17/2000 de los Ministerios de Economía y de Infraestructuray Vivienda, respectivamente, con fecha 1° de Diciembre de 2000 se aprobaron nuevas escalas tarifarias para los servicios de transporte automotor público de pasajeros urbanos y suburbanos.
Estas nuevas escalas significaban aumentos sustanciales de los pasajes (boletos) de transporte automotor (colectivos), con la obvia incidencia negativa en los bolsillos de los usuarios, circunstancia agravadapor el contexto de una prolongada recesión económica que afecta a la Argentina.
El aumento tarifario fue dispuesto sin realizar -de modo previo a la decisión- una audiencia pública con todos los sectores interesados, ni ningún otro mecanismo de participación pública –documento de consulta, etc.- que permita oír a los afectados, antes de la emisión del acto.
Frente a esta situación, se alzó elreclamo unánime de las asociaciones de consumidores y usuarios. Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación decidió promover una acción de amparo contra el Estado Nacional solicitando la nulidad de la mencionada Resolución, y –cautelarmente- la suspensión de los efectos de aquella, hasta tanto se resuelva la acción interpuesta.
En primera instancia, el magistrado interviniente, en el decisoriode fecha 6 de Diciembre de 2000, hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la suspensión de los efectos de la resolución conjunta, hasta tanto se pronuncie definitivamente.
Con posterioridad, la Sala de Feria hizo lugar a la apelación interpuesta por el Estado Nacional y revocó la medida cautelar dispuesta, recobrando sus efectos la resolución impugnada, con lo cual las tarifas detransporte automotor aumentaron, de acuerdo a las nuevas escalas.
II.- Los principios y las normas fundamentales aplicables.
Uno de los principios fundamentales del sistema republicano es la posibilidad cierta de todos los ciudadanos de dirigirse a los funcionarios públicos competentes, para ser oídos, toda vez que sus intereses se encuentren en juego.
El derecho de peticionar a las autoridadeses uno de los rasgos esenciales del Estado de Derecho, que lo distinguen de modelos autoritarios.
Recientemente, el decreto 229/2000 ha venido a reafirmar y reforzar estos derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración Pública Nacional, incluyendo el deber de los funcionarios de dictar resolución expresa ante sus peticiones, solicitudes o denuncias (art. 3°, inc. i). De estaforma, el mero interés simple basta para ejercer la facultad de petición, debiendo resolverse –de forma expresa- las presentaciones de los particulares.
Ahora bien, en lo que se refiere a la emisión de actos que poseen, como característica saliente, la incidencia sobre una esfera amplia e indeterminada de afectados, el derecho a esgrimir las pretensiones que se estimen en defensa de los propiosintereses, posee algunas peculiaridades especiales, derivadas de la existencia de un colectivo de interesados.
En general, frente a estas situaciones, la experiencia nacional y comparada ha demostrado la bondad de establecer mecanismos de participación pública que garanticen la tutela de los distintos intereses en juego.
Estos mecanismos pueden ser, por ejemplo, las audiencias públicas o losdocumentos de consulta.
De acuerdo a las características de cada caso, las autoridades competentes deberán arbitrar –si es que no cuentan con una reglamentación específica- el medio que estimen más adecuado a la satisfacción de estos derechos.
En todo caso, la Constitución Nacional, en su artículo 42, da la pauta básica, al disponer la “necesaria participación” de los usuarios y consumidores, en la...
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