Aumentar las penas es viable

Palabras de
Rafael Ruiz Harrell
“El desafío de la inseguridad:
Un tema clave para el desarrollo de
México”
Bases para una política criminológica
Palacio de Minería, México, D. F.
26 de Abril de 2007
Aunque hemos desarrollado esta política criminológica hasta llegar a las
recomendaciones de detalle, aquí presentaremos tan solo las
consideraciones generales en que descansa tal política yque explican por
qué hemos sugerido seguir la estrategia apuntada.
Convinimos de origen en que una política criminológica debía atender a
cuatro postulados fundamentales:
o Respetar de manera irrestricta los derechos humanos y las
garantías constitucionales;
o En la lucha contra el crimen debe procurar causarse el
menor daño posible, sujetando las acciones a una
evaluación permanente,objetiva y transparente;
o La eficacia de una política criminológica depende en buena
medida de la continuidad de las acciones. En consecuencia
su aplicación debe ser independiente del partido que
controle al Ejecutivo Federal y de las necesidades o
caprichos del Ejecutivo en turno.
o Así como es básica la continuidad y constancia en los
programas, es también imprescindible que lasdisposiciones
jurídicas relativas incorporen las líneas generales de la
política que aquí se presenta.
Los fines a los que debe servir una política criminológica pueden reducirse a
tres: 1) Procurar justicia -lo que implica tanto defender los derechos de la
víctima como ofrecerle al delincuente un juego limpio; 2) Abatir la
criminalidad, y 3) Mejorar las relaciones entre la comunidad y las
autoridades,por supuesto incluyendo la percepción.
Hay muchos aspectos en los cuales estos fines son independientes entre sí,
mas hay otros en los cuales la dependencia es abrumadora. El mejor
ejemplo nace a partir de la justicia: es imposible otorgarle a todos los que
denuncian un delito la justicia que demandan porque hace mucho tiempo el
número de delitos denunciados superó la capacidad deinvestigación de las
procuradurías. Uno de los casos más conocidos es el de la Procuraduría
General de Justicia del DF, que cuenta con el personal y las instalaciones
para investigar entre 18 y 20 mil delitos por año, pero recibe, también por
año, 150 mil denuncias. Son tan grandes las presiones que surgen de este
exceso que se han estado abandonando garantías constitucionales de los
acusados -como lalibertad bajo caución-algunos principios penales que
garantizan el juego limpio -como el principio de presunción de inocencia-, y
se han estado aumentando las penas de prisión de manera desmedida.
Como consecuencia, las cárceles están sufriendo serios problemas de
hacinamiento y sobrepoblación que las inutiliza como centros de
rehabilitación.
La solución a este meollo de problemas, obliga acambiar de rumbo y de
estrategia.
Empecemos por considerar qué debe hacerse para lograr que las víctimas,
sus tutores o sus deudos, reciban la justicia que merecen y se sancione a
quien los hirió, robó o privó de la vida. Aunque ha subido ligeramente en los
últimos años, todavía es mínima la proporción de quienes ven detenido y
sancionado al responsable del delito que sufrieron: en 2005fueron, en la
República, sólo 12.6 de cada cien. Es decir: 87.4 de cada cien quedaron
impunes. Procurar justicia implica, en consecuencia, abatir la impunidad.
Sólo que ¿cómo se consigue abatir la impunidad?
Desde un punto de vista teórico hay dos caminos. El más lógico sería tratar
de aumentar el número de casos resueltos, pero por desgracia es el más
difícil. La dificultad no se superamultiplicando al personal, dándole más
facultades de investigación o estableciendo mayores controles sobre la
población. Lo sabemos porque donde se lo ha intentado, los resultados han
sido casi nulos. Lo que queda, así, es el otro camino: hay que lograr, y
obviamente por vías no represivas, que disminuya el número de delitos que
se denuncia. La solución es obvia: es necesario reducir las tareas...