AYUDA

J U R I S P R U D E N C I A 174/2011 (9a.)

COMPETENCIA
DE
lAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
INAPllCABlllDAD
DE
lOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN El ARTíCULO 51,
SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO D), DE lA lEY FEDERAL
DE
PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. Conforme a los criterios sustentados por este
Alto Tribunal, la falta, indebida o insuficiente fundamentación de la
competencia de laautoridad que emite un acto administrativo, incide
directamente en su validez, toda vez que esas deficiencias impiden
que el juzgador pueda pronunciarse respecto a IQs efectos o
consecuencias jurídicas que dicho acto pudiera tener sobre el
particular, obligándolo a declarar la nulidad del acto o resolución en
su integridad, por lo que la nulidad decretada en esos casos
'.'
constituye unsupuesto en el cual la violacióq form~1 c9metida no
resulta, por regla general, subsanable. Ahora' bien, el párrafo
segundo, inciso d), del artículo 51 citado,en relación con sus
fracciones 11 y 111, dispone que no afectan las defensas del particular
ni trascienden al sentido de la resolución impugnada los vicios
consistentes en irregularidades en los citatorios, en las notificaciones
derequerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o
en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular
desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y
documentación solicitados. Sin embargo, debe entenderse que estos
supuestos son inaplicables tratándose de la omisión, indebida o
insuficiente fundamentación de la competencia de las autoridades
administrativas,pues ello constituye un vicio que no es análogo a los
referidos supuestos legales, además de que tal disposición no puede
interpretarse extensivamente porque atentaría contra el principio de
legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Esta interpretación se confirma con lo
establecido en la fracción I del propio artículo 51 que establececomo
causa de ilegalidad de una resolución administrativa la
incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado, o
tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución,
interpretado armónicamente con el contenido del antepenúltimo
párrafo del precepto legal en cuestión, que establece que el Tribunal
podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la
incompetencia dela autoridad para dictar la resolución impugnada o
para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia
total de fundamentación o motivación en dicha resolución. Así, al
haberse establecido por separado dicha causa de ilegalidad, no
puede analizarse a la luz de los supuestos de excepción previstos en
el párrafo segundo, inciso d), del referido precepto legal, los cualesconstituyen requisitos formales exigidos por las leyes, diversos a la
fundamentación de la competencia.
Contradicción de tesis 262/2011.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.- 31
de agosto de 2011.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente:Sergio A. Valls
Hernández.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario: José
Alfonso Herrera García.

LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ, SECRETARIO DE
ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACiÓN, C E R T I F I C A: Que en términos de lo dispuesto por el punto
octavo del Acuerdo General 1/2007 de trece de junio de dos mil siete, emitido
por laSegunda Sala, modificado el uno de septiembre de dos mil diez; y 78,
fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el rubro y texto de la anterior jurisprudencia fueron aprobados en sesión
privada del diecinueve de octubre de dos mil once.- México, Distrito Federal, a
diecinueve de octubre de dos mil once.- Doy fe.

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