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La regulación constitucional de los medios electrónicos de comunicación en México es bastante escueta. De hecho, como señala Ernesto Villanueva, "el marco jurídico de los medios electrónicos carecede previsión a nivel constitucional".1
Sin embargo, a dichos medios sí les son aplicables las reglas generales que la Constitución establece en materia de libertad de expresión e imprenta (entendidaésta en sentido amplio) y lo relativo al derecho a la información. También les son aplicables las reglas generales que sobre regulación de la propiedad y otorgamiento de concesiones prevén el artículo27 y el párrafo cuarto del artículo 28, ambos constitucionales. Este último precepto señala, por lo que interesa al tema de este ensayo, que la comunicación vía satélite es un área prioritaria para eldesarrollo nacional en los términos del artículo 25 constitucional; el Estado ejerce sobre ella su rectoría, pero puede otorgar concesiones o permisos, o incluso establecer el dominio de lasrespectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. También, el mismo artículo 28, en su antepenúltimo párrafo, contiene una previsión general sobre otorgamiento de concesiones, noreferida únicamente a los medios electrónicos de comunicación por supuesto, en los siguientes términos:
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación deservicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio directo de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condicionesque aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
22 mayo 2012
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