b465hg

castiga el aborto, tanto a la mujer embarazada que lo provoque, como a quien lo practique o permita que otro lo cause. La pena fijada es de uno a tres años de prisión (Art. 122 del Código Penal). Sies otra persona la que causa el aborto, sin el consentimiento de la mujer embarazada, esa persona incurrirá en prisión de cuatro a diez años, además de su obligación de indemnizar a la víctima (Art.123 del Código Penal).
Estas disposiciones legales fueron demandadas ante la Corte Constitucional, la cual, en Sentencia C–355 del 10 de mayo de 2006, con ponencia de los entonces magistrados JaimeAraújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández, consideró que estas normas penales eran constitucionales, pero decidió que el aborto no podría estar penalizado en los siguientes tres eventos: cuando conla voluntad de la mujer, i. la continuación del embarazo implique un peligro para la vida o la salud de la embarazada, previa certificación del médico. ii. Cuando exista grave malformación del fetoque haga inviable su vida, según certificación médica; y iii. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento,abusivo, o de inseminación artificial o de tranferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
Esta decisión de la Corte Constitucional incorporó los tres supuestos que generalmente se hanadoptado en otros países para despenalizar el aborto, y generó una fuerte discusión jurídica sobre si esa corporación judicial tenía competencia para fijar las tres circunstancias eximentes depenalización del aborto, o si ésta era una competencia exclusiva del Congreso de la República, mediante Ley.
En todo caso, independientemente de la discusión jurídica, el Gobierno Nacional procedió aemitir el Decreto 4444 del 13 de diciembre de 2006, por el cual reglamenta el acceso al servicio de salud sexual de las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo por alguna de las tres causales...