bachiller

Si bien el proceso constituyente de 1999 tiene su hito decisivo de inicio con la elección del teniente coronel (r) Hugo Chávez Frías como Presidente de la República el 6 de diciembre de 1998, sus antecedentes se remontan a los acontecimientos sangrientos que sacudieron principal aunque no únicamente a la ciudad capital (y conocido desde entonces como el “Caracazo” los días 27 y 28 de febrero delaño 1989). Una frase célebre del discurso del para entonces senador vitalicio Rafael Caldera, pronunciado en el Congreso el día 1° de marzo de dicho año es sintomática de la relevancia de la fecha para el futuro inmediato del sistema político laboriosamente construido a partir del año 1958: “Venezuela ha sido una especie de país piloto. En este momento es lo que los norteamericanos llaman showwindow, el escaparate de la democracia en América Latina. Ese escaparate lo rompieron a puñetazos, a pedradas y a palos, los hambrientos de los barrios de Caracas...” (Caldera, 1992:24).

El “Caracazo” remeció la conciencia de la clase política al obligarla a interrogarse sobre las causas de tan perturbadora explosión social, inédita en los seis lustros de estabilidad democrática ininterrumpida.La interrogación no se circunscribió al fenómeno, pues abarcó un descarnado debate en torno al agotamiento del sistema político y su creciente incapacidad de dar respuestas satisfactorias a las expectativas y demandas de la sociedad. Entre los factores más discutidos aparecía la corrupción, estimulada por la impunidad y la ineficacia de los controles para combatirla; igualmente la llamadapartidocracia, identificada con la excesiva presencia de los partidos no sólo en la vida política, sino en los intersticios de la sociedad, impidiendo el sano desarrollo de una sociedad civil con legítimas pretensiones de autonomía. A los partidos se les reprochaba al unísono su organización rígidamente verticalista y de férreo control cupular (los llamados “cogollos”) de su dinámica decisional. Otrofactor reiteradamente presente lo constituía, desde el punto de vista institucional, la incapacidad de erigir un Poder Judicial autónomo e independiente que garantizara la efectividad del Estado de derecho; por último, no por ello menos importante, el agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, la iniquidad de un sistema que reproducía la pobreza y la marginalidad, tanto que algunos lo llegaron adenominar como neomalthusiana.

Los seis lustros de la experiencia democrática venezolana mostraban, no obstante orgullosamente una Constitución como la de 1961, aprobada consensualmente, de excepcional duración en nuestra traumática vida constitucional, y que había logrado cobijar bajo su programa prácticamente a todas las fuerzas políticas, independientemente de su acervo ideológico,expresado todo ello en la manida frase: el reto está en aplicar el programa democrático-social de la Constitución. Incluso en un año tan reciente como 1984 se había creado una comisión sui géneris, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (mejor conocida por su acrónimo Copre), cuya misión se circunscribía en lo fundamental en llevar adelante el en parte diferido o no adecuadamente realizadoprograma constitucional.1

Significa 1989 entonces un año de inflexión, donde comienza a discutirse incluso la posibilidad de revisar el texto fundamental de la República, a fin de si no relegitimar sí airear el sistema político, gracias a la modificación de algunos artículos constitucionales, y prioritariamente en dos aspectos: el sistema judicial y la inclusión de instituciones departicipación popular (el referéndum). El primero bajo la percepción compartida de las graves carencias del funcionamiento del Estado de derecho en Venezuela, y el segundo unido a la percepción de los excesos partidocráticos sobre la vida política.

El Congreso Nacional designa el 6 de junio de 1989 una comisión bicameral con el propósito de concretar algunas enmiendas2 a la Constitución. La decisión...