Balance del gobierno uribe

Balance del gobierno Uribe
BALANCE DE LOS OCHO AÑOS DEL GOBIERNO DE URIBE
CINEP Los derechos humanos en el régimen Uribe Vélez.
Por Alejandro Angulo S.J*

Parece una antinomia: las violaciones a los derechos humanos disminuyeron en los ocho años del ‘Uribato’, pero la situación de los derechos humanos empeoró durante ese tiempo. En realidad, las dos afirmaciones son posibles. Y la razón esmuy sencilla: mientras la intensidad del conflicto armado bajó por razones obvias, el sistema de derechos sufrió un deterioro significativo. Veamos cómo.
El sistema se desequilibra
Las violaciones de los derechos humanos tales como el asesinato, la tortura, la detención arbitraria se hacen, en general, menos numerosas con la mal llamada “seguridad democrática”:

Parecería que, en efecto, sepuede verificar una disminución de la brutalidad cruenta porque las bandas paramilitares bajan su perfil, a raíz de las conversaciones con el Presidente. No así sus amenazas, las cuales aunque también acusan alguna baja numérica, muestran un aumento considerable en los ocho años y hoy mantienen su persistencia en las cifras altas.

O sea que la brutalidad en la política, como la energía en latermodinámica, no se aniquila sino que se transforma. En el estudio de estas tendencias generales ambiguas los analistas llegaron a la hipótesis explicativa del ‘reacomodamiento’ de los actores armados (Vargas A. R. y Restrepo J. 2009) y, sobre todo, del paramilitarismo (Banco de Datos, 2010), que adquiere carta de ciudadanía gracias a la mal llamada Ley de Justicia y Paz.
Y esta legitimación delparamilitarismo es una primera razón del deterioro de los derechos humanos: aceptar el paramilitarismo so capa de construir la paz es una ilusión óptica. Es una de las prestidigitaciones en las que la dirigencia colombiana es gran especialista. No hacía falta reinsertar a los paramilitares porque ellos están insertados en nuestro sistema social desde hace doscientos años. Ellos, como todos loscolombianos, están celebrando el bicentenario. Suficientes críticas se han levantado a la Ley de Justicia y Paz como ineficaz en sus dos términos: ni la reparación de las víctimas está siendo una realidad de justicia, ni el fin del conflicto social armado se avizora todavía como signo de paz.
En la raíz del conflicto social armado está el ‘problema agrario’ que consiste en la acumulación del suelo enpocas manos. El credo del paramilitarismo es que la repartición exageradamente desigual de dicho suelo es el camino del progreso económico, único indicador aceptable del bienestar de los pueblos. Ese enfoque favorable a la inequidad social fue privilegiado también por el régimen Uribe y puesto en práctica con la brutalidad paramilitar que llega a adoptar como su símbolo la motosierra, no paraderribar los bosques sino para talar “la oposición política”. Y es gracias a esa manera de ver el problema que los derechos de propiedad de más de tres millones de colombianos han sido flagrante e impunemente violados, sin que se advierta una intención genuina de remediar tal situación por parte de la aplastante mayoría del ‘establecimiento’, como lo acaban de demostrar las elecciones presidenciales.Aunque no poseemos una cifra exacta, la estimación de la tierra robada por los paramilitares llega a cuatro millones de hectáreas. Y en consonancia con esa resolución violenta del problema agrario, está también el impulso a un sector ‘industrial’ que no da trabajo a la población de las ciudades. Lo que se ofrece al observador es, entonces, un panorama de violación implícita del derecho al trabajo.Esta violencia implícita segrega, a su vez, otra violencia clandestina que sigue ocupando el panorama nacional e internacional y cuya dimensión de fuerza se ha denunciado como “la violencia contra los sindicalistas”. El número de sindicalistas asesinados entre 2002 y 2009 es de 699.
Así entre problema agrario y problema del empleo se llega a un deterioro de otros derechos que, si no son el...