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1.9 El decreto 1666 y la regularización de los Asentamientos Urbanos Populares
El 4 de febrero de 2002 el Presidente de la República firma el decreto 1666, que da inicio al proceso deregularización de la tenencia de la tierra en barrios y urbanizaciones populares, promueve la rehabilitación integral de los asentamientos populares y somete a discusión un proyecto de ley, con el fin de dotardicho proceso de una base legal más sólida7. Para el desarrollo tanto del proceso de regularización, y como sujeto para impulsar la consulta legislativa, el decreto también crea los Comités de TierrasUrbanas (CTU).
La idea del decreto se había originado unos pocos meses antes, luego de la firma de las llamadas leyes habilitantes. Este controvertido paquete legislativo, que supuso una radicalizaciónde las tesis redistribucionistas del gobierno bolivariano, no comprendía ninguna medida que impactara directamente en los pobres de las ciudades, que a fin de cuentas representan la mayor parte de lapoblación. Es por esta razón que un equipo coordinado por María Cristina Iglesias (después designada Ministra del Trabajo) y en el que participaron arquitectos, urbanistas, abogados y activistassociales, proponen desarrollar una política que extienda los principios de inclusión y equidad que inspiraran las leyes habilitantes hacia los habitantes de las comunidades populares urbanas8.
Elsignificado y alcance de este decreto se entiende en el contexto de un conjunto mayor de medidas legislativas e institucionales9 que, abandonando el modelo anterior de negación, indiferencia o inclusotentativa de eliminación de los barrios, los reconoce como parte de la ciudad, y enfila los esfuerzos por su incorporación a la trama urbana. En tal sentido, el tratamiento al tema de la propiedad de latierra que se hace en el decreto, se distancia de la propuesta liberal del peruano Hernando de Soto, para quien el acceso de los pobres a la propiedad de los lotes que ocupan sus viviendas es una...