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La Constitución vigente, aprobada en 1967, con reformas en 1989 y 1994, consagra en el capítulo IX de la Sección XIV (arts. 256 a 261) la posibilidad de que los actos legislativosnacionales y departamentales sean declarados inconstitucionales por razón de forma (cuando en el proceso de elaboración del acto legislativo se ha vulnerado alguna exigencia del procedimientorespectivo previsto en la Carta) o de contenido (cuando una solución establecida por un acto legislativo resultada contraria a un principio o norma contenido en la Constitución). Dicha posibilidad fueconsagrada expresamente en el Derecho uruguayo a partir de la Constitución de 1934.
De acuerdo con lo previsto en la Carta, a la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resoluciónoriginaria y exclusiva en materia de declaración de inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo y promulgadas por el Poder ejecutivo y de los Decretos de los GobiernosDepartamentales con fuerza de ley en su jurisdicción sancionados por los respectivos órganos legislativos departamentales (Juntas Departamentales) y promulgados por el Intendente Municipal de cada departamento.La potestad de la Suprema Corte de Justicia comprende sólo a los actos legislativos mencionados. Cualquier otro acto jurídico inconstitucional queda fuera del proceso de inconstitucionalidad previstoen la Carta, aplicándose los principios generales en la materia.
Para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de un acto legislativo es necesario invocar que éste lesiona un interésdirecto, personal y legítimo del solicitante.
Dicha solicitud puede realizarse: 1) por vía de acción, ante la Suprema Corte de Justicia; 2) por vía de excepción en cualquier procedimiento judicial; 3) deoficio por cualquier Juez o Tribunal que entendiere en un procedimiento judicial, o por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (órgano jurisdiccional competente para conocer en las demandas de...