bnmnh

Bogotá D.C, 19 de Febrero de 2015



Honorables Magistrados
Corte Constitucional
Ciudad


Referencia: Acción Pública de Inconstitucionalidad contra la expresión “sin justa causa” contenida en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000.


Carmen Viviana Arguello, Diana Marcela Bermúdez Cuevas, Luis Mauricio Castilla Pérez, Maria Elisa Moron y Diego Villareal, identificados como aparece alpie de nuestras firmas, actuando en nombre propio con el fin de interponer Acción Pública de Inconstitucionalidad contra la expresión “sin justa causa” del artículo 233 de la Ley 599 de 2000, en virtud del numeral 6 artículo 40, numeral 7 artículo 95 de la Constitución y artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, como a continuación se expondrá:


Norma Acusada


LEY 599 DE 2000
(Julio 24)Por la cual se expide el Código Penal.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO CUARTO
De los delitos contra la asistencia alimentaria
Artículo  233. Inasistencia alimentaria.  Modificado por la Ley 1181 de 2007. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en prisión de uno(1) a tres (3) años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor de catorce (14) años. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucionalmediante Sentencia C-247 de 2004.

Normas Constitucionales Infringidas

Consideramos que la expresión “sin justa causa” contenida en el artículo objeto del presente escrito es violatoria de los artículos 5, 11, 13, 42, 44, 51 de la Constitución Política


Razones de Inconstitucionalidad

La expresión “sin justa causa” acusada en el artículo ya referido que regula el delito de inasistenciaalimentaria, al contrastarlo con la carta fundamental encontramos que es inconstitucional, es contraria al artículo 44 de la Constitución, toda vez que el sustraerse de cumplir la obligación alimentaria para con los niños, alegando que existe una justa causa que explique este actuar, vulnera los derechos de los niños en su integridad. El pago de la cuota de alimentos a favor de un menor de edad, que se dévoluntariamente, por acuerdo o impuesta, debe a nuestro juicio cancelarse en el término establecido, pues con ello se garantiza el pago de los gastos que el niño genera siendo esta obligación de los padres, quienes son los garantes en principio de los derechos de sus hijos. La Carta Política y los tratados internacionales que sobre los derechos de los niños se han adoptado para que hagan partede la legislación interna, contemplan que el estado debe realizar todas las actuaciones necesarias para que se garantice el interés superior del niño, la Convención sobre los derechos del niño ha estipulado:

“Artículo 3 En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o losórganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas yadministrativas adecuadas.”
Es así como entendemos que en esta convención, se hace alusión precisa a los deberes que los padres tienen para con sus hijos, de lo que se desprende la necesidad de garantizar sus derechos y la forma más clara es con el cumplimiento de la parte de la cuota de alimentos que fue asignada para cubrir su vestuario, salud, educación, vivienda y la comida entre otros aspectos, los...