BOE_educació

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 11, de 12 de enero de 1996
Referencia: BOE-A-1996-750

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 23 de febrero de 2013

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar lasiguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Justificación de la reforma
Los derechos otorgados a los ciudadanos por los artículos 24 y 25 de la Constitución son
corolario evidente de la concepción social o asistencial del Estado Democrático de Derecho,
tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental. En lógica coherencia con
los contenidos de estos preceptos constitucionales, y alobjeto de asegurar a todas las
personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el artículo 119 del propio texto constitucional
previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto
de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con todo ello, nuestra Norma
Fundamental diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutelajudicial que
incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los
medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien
desea ejercerlo carezca de recursos económicos.
Suprimidas por la Ley 25/1986 las tasas judiciales, el núcleo de los costes económicos
derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por laintervención en el mismo,
por imperativo legal, en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales especializados en
la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos. En efecto, una vez que el
Estado ha renunciado a la percepción de cualquier cantidad por el acceso al aparato judicial,
son los honorarios de abogados, de procuradores y, en su caso, de cualesquiera otrosprofesionales, así como el coste de la obtención de las pruebas documentales o periciales
necesarias, los que implican un coste económico inasumible para los ciudadanos que no
disponen de los recursos económicos necesarios para hacerles frente.
La previsión constitucional del artículo 119 ha sido ya objeto de desarrollo por la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que en sus artículos 20.2 y 440.2recoge el mandato
constitucional y remite, para la regulación del sistema de justicia gratuita, a la ley ordinaria.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

En virtud de esta reserva de ley, corresponde al legislador ordinario dar cumplimiento a la
encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos
que carezcan de recursos.
2.Vocación unificadora
A esa finalidad responde la presente Ley, cuyo objeto es regular un sistema de justicia
gratuita que permita a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar,
proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver
adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos. Se trata, pues, de una ley
cuyosbeneficiarios y destinatarios directos son todos los ciudadanos que pretendan acceder
a la tutela judicial efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razón de su situación
económica. La finalidad es, por tanto, garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de
igualdad a todos los ciudadanos.
Frente a la dispersa legislación procesal que hasta ahora ha regulado la justicia gratuita,
esta normaviene a unificar en sí misma el nuevo sistema legal de justicia gratuita; así pues,
tal y como fue entendido por la Cámara Baja al aprobar por unanimidad en su sesión
celebrada el 10 de mayo de 1994 la moción consecuencia de interpelación presentada por el
Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ratificada por la
Resolución de 9 de febrero de 1995, la presente Ley...