Campos Algodoneros

Revista Mexicana de Derecho Constitucional

Núm. 23, julio-diciembre 2010

CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO.
CIDH, SENTENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009
Derechos humanos y derecho humanitario, pertenecen al ius cogens. La dificultad estará en el deslinde, entre lo que en
este campo es de iure cogenti y lo que es
de iure dispositivum, pero del principio
en general no hay lamenor duda.
Antonio Gómez-Robledo, El ius cogens
internacional.

Alonso Gómez-Robledo Verduzco
I. Introducción
Es absolutamente cierto que la reiteración de violaciones graves a los derechos humanos posee, como “permanente hilo conductor, la impunidad”;
con ello, la posibilidad de su repetición se va vislumbrando con una probabilidad cada vez mayor.
La existencia de violaciones sistemáticas de losderechos humanos
fundamentales que, por su carácter generalizado, desbordan el marco de
las violaciones individuales, así como los mecanismos previstos para su
protección, hacen patente como acertadamente señala el profesor barcelonés, A. Blanc Altemir, la íntima relación existente entre el derecho internacional de los derechos humanos y las garantías jurídicas y procesales
de derecho interno,referentes a la administración de justicia efectiva.
Por otro lado, debemos considerar como una institución plenamente
consagrada en el derecho internacional general, la “imprescriptibilidad”
de los delicta juris gentium, formando ello parte indisociable del princi-

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ALONSO GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO

pio de jurisdicción universal en relación precisa con estos crímenes de
derechos humanos.
II.Hechos y procedencia de allanamiento
La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional
del Estado por la “Desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia
Ivette González (20 años), Esmeralda Herrera Monreal (15 años) y Laura
Berenice Ramos Monárrez (17 años), cuyos cuerpos fueron encontrados
en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.
Acerca delreconocimiento parcial de responsabilidad internacional
efectuado por México, la Corte observa que la “procedencia de allanamiento” no es por sí misma vinculante para el tribunal, dado que los
procesos ante la Corte se refieren a la tutela de los derechos humanos,
cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las
partes (artículos 53.2 y 55 del Reglamento) (parágrafo 25).
La Corteobserva que si el Estado aceptó en términos generales los
hechos de contexto relativos a la violencia contra las mujeres en Ciudad
Juárez, particularmente los homicidios registrados desde el inicio de los
años noventa; sin embargo, en su argumentación posterior relativa a fondo de la litis, México controvirtió hechos específicos de contexto o de la
“primera etapa de las investigaciones”(parágrafos 27 y 28).
III. Excepción preliminar de incompetencia
Lo primero que va hacer México en el inicio del proceso será el interponer una excepción preliminar, alegando la incompetencia ratione materiae de la Corte para determinar violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
del 9 de junio de 1994, vigente desde el 5 de mayo de 1995, yconocida
como la Convención Belém do Pará, y de la cual México es parte, por
haberla ratificado el 12 de noviembre de 1995.
México alegó que cada tratado interamericano requiere de una declaración específica de otorgamiento de competencia a la Corte.
Sin embargo, la Corte siguiendo su propia jurisprudencia (Las Palmeras vs. Colombia del 4 de febrero de 2000), ratifica “La posibilidad de
ejercer sucompetencia contenciosa respecto a otros instrumentos dis-

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tintos a la Convención Americana, en el contexto de instrumentos que
establezcan un sistema de peticiones objeto de supervisión internacional
en el ámbito regional” (parágrafo 37).
La Corte resalta que, según el método de investigación sistemática, las
normas deben ser...