Carranza Laturbese resumen

Carranza Latrubesse, Gustavo c/ Estado Nacional – CSJN- 6/8/2013
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en el acuerdo de la fecha una causa en la que se discutió la responsabilidad civil del Estado Nacional ante el incumplimiento de las recomendaciones que le formulara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
El Tribunal hizo lugar parcialmente a la queja yal recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y, en consecuencia, confirmó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, que había condenado al Estado Argentino a pagar a Gustavo Carranza Latrubesse la suma de $400.000, en concepto de indemnización por el daño ocasionado al incumplir con el informe Nº 30/97, dictado por laComisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, desestimó la queja interpuesta por el actor.
En el informe citado, cabe recordar, la mencionada Comisión había concluido -en los términos del art. 51.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- en que “…al impedir una decisión sobre los méritos del caso interpuesto por el señor Gustavo Carranza, a raíz de su destitución como juez de laprovincia de Chubut, el Estado Argentino violó sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial… “, por lo que se recomendaba que “…el Estado Argentino indemnice adecuadamente a Gustavo Carranza por las violaciones mencionadas en el párrafo anterior” [CIDH, Informe Nº 30/97, para. 83 y 84]. 
Con una mayoría de cuatro votos –suscriptos por los jueces Fayt, Zafaroni, Petracchi yMaqueda-, el Tribunal se pronunció sobre las consecuencias jurídicas que traen aparejadas para el Estado Argentino las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana, en los términos del informe definitivo previsto en el artículo 51.2 de la citada Convención.
Para ello, los jueces Fayt y Zaffaroni postularon la obligatoriedad para los Estados de cumplir en toda circunstancia con los informes “delartículo 51” de la Comisión Interamericana y, en el caso, con las recomendaciones formuladas en el informe Nº 30/97, por lo que el Estado Argentino debía indemnizar al actor ante el incumplimiento de dicho informe. 
Dicho resultado se imponía, a juicio de estos magistrados, debido al “`sentido´ que debe atribuirse a los términos del citado precepto tanto en el `contexto´ específico cuanto en elgeneral en el que están insertos, atendiendo al `objeto y fin´ del régimen de peticiones y de la Convención Americana en su integralidad. Es a la par, el que mejor responde al principio de `buena fe´ y al `efecto útil´ de dicho régimen, evitando así el `debilitamiento´ del sistema, cuando no, por así decirlo, del propio ser humano al cual está destinado a servir”.          
Como uno de losfundamentos centrales del voto, indicaron que el informe de la Comisión -en el caso, adverso al Estado- constituía la decisión final del sistema, pues el régimen procesal prevé sobre el fondo del asunto una sola y única decisión definitiva que estará dada, o bien por el informe “definitivo” de la Comisión , o bien, por la sentencia de la Corte Interamericana, siendo excluyentes una de la otra. (cons. 8º)Sostuvieron, también, que debía conferirse valor vinculante a las mentadas recomendaciones, puesto que el trámite ante ese órgano –si bien rodeado de las garantías atinentes al debido proceso- entraña un “desequilibrio procesal” entre el peticionario y el Estado, en tanto este último, en caso de discrepancia con el informe preliminar del artículo 50 emitido por la Comisión, tiene la “alternativaprocesal” de someter el caso a la Corte Interamericana, mientras que para el peticionario la decisión de la Comisión sobre la no violación de las normas convencionales en un caso determinado, “da lugar, directamente, a una decisión tan definitiva como obligatoria, dado que carece absolutamente de jus standi  para someter el litigio ante la CorteIDH”. (cons. 11)   
Por otra parte, tanto el juez...