Carta mineros
Vía E-mail y mail Certificado – javierlozano@stps.gob.mx
Javier Lozano Alarcón
Secretario del Trabajo y Previsión Social
Avenida de la Reforma 93, Col. Tabacalera
México, D.F., México
Estimado Secretario Lozano:
Acuso recibo de sus cartas del 21 de junio y 22 de junio de 2010, en el que responde a dos comunicados de prensa difundidos por la United Steelworkers.Mientras las leía atentamente, sus argumentos sólo han reforzado mi convicción de que los puntos de nuestros comunicados de prensa y en la declaración conjunta emitida por los USW y SNTMMSSRM el 20 de junio describen con exactitud la actitud y la conducta del gobierno mexicano hacia Los Mineros, y en general a los sindicatos democráticos en México.
Su argumento fundamental es que no ha habidopersecución política durante los últimos cinco años por "cargos inventados" o las opiniones que el Sr. Gómez Urrutia haya podido expresar, como afirma el comunicado de prensa, sino simplemente la aplicación estricta de la ley por la probable comisión de delitos contra los sindicalistas.
Lo que su carta no dice es que los tribunales mexicanos han rechazado sistemática y reiteradamente lasacusaciones formuladas tanto por los fiscales federales como los estatales. Todos estos cargos se derivan de una sola investigación penal llevada a cabo por la Procuraduría Federal (UEIDFF/FINM02/64/2006), basada en la acusación de Elías Morales y otros ex miembros del Sindicato por la terminación de un fideicomiso el 22 de febrero 2005 y la transferencia de su patrimonio al Sindicato violó los derechosde los miembros del sindicato que fueron los beneficiarios del Fideicomiso.
Usted afirma que, "Un total de 6.494 mineros exigen la devolución de $ 55 millones retirados, presumiblemente, de una manera impropia de un fideicomiso del que fueron beneficiarios. Para evitar estas demandas de los trabajadores, el señor Gómez Urrutia se encuentra fuera del país, por lo que el Gobierno de México hapedido formalmente al Gobierno de Canadá su extradición”. De hecho, sólo tres personas (todos antiguos miembros del Sindicato que habían sido expulsados en el 2000 por traición) firmaron las denuncias penales contra Gómez: Elías Morales, José Martín Perales Lozano, y Miguel Castilleja Mendiola. Por otra parte, si bien es cierto que usted ha pedido la extradición de Gómez, es evidente que el Gobiernode Canadá no está convencido, ya que no se ha pronunciado sobre su petición.
La ley requiere que antes de la presentación de cargos, el fiscal debe obtener un dictamen técnico a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El dictamen técnico, en este caso, expedido 10 de marzo 2006, declaró expresamente que la terminación del Contrato de Fideicomiso no viola la sección 113 bis: "De lasacciones ministeriales analizadas, y particularmente en referencia a la cancelación del Contrato de Fideicomiso mencionada en numerosas ocasiones y la transferencia de los recursos del patrimonio del fideicomiso, no existe una conducta que represente cualquiera de los tipos especiales previstos en la Ley de Instituciones de Crédito y en especial en las disposiciones previstas en el artículo 113bis, según lo declarado por el peticionario. "
Habiendo fracasado en cumplir los requisitos para un proceso federal, la Procuraduría General se refirió entonces al informe de la investigación penal de los fiscales en tres estados: San Luis Potosí, Sonora y Nuevo León, cada uno de ellos acusando a Gómez con el agravante de administración fraudulenta.
Los cargos en San Luis Potosí contra Gómez,Juan Linares y Gregorio Pérez Romo fueron trasladados al 18 Juzgado Penal en el DF (Causa 79/2007). El 18 Juzgado Penal desestimó los cargos contra Gómez el 13 de marzo de 2009. El Ministerio Público apeló. La Sala Segunda del Tribunal Supremo del Distrito Federal (TSJDF) el 9 de septiembre 2009 confirmó el fallo del 18 Juzgado Penal (Toca 550/2009). Basándose en esta decisión, el Fiscal General...
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